El mapa político que dibujarán las consultas del 8 de marzo
- Acta Diurna
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El 8 de marzo de 2026 no será un domingo cualquiera en el calendario de los colombianos. Aunque la cita principal parece ser la renovación del Senado y la Cámara de Representantes, el verdadero sismo político ocurrirá con las consultas interpartidistas. Estas jornadas funcionan como una suerte de "gran primaria" nacional o una pre-eliminatoria donde diversos grupos de aspirantes, unidos en coaliciones, se someten al escrutinio popular para que sea la ciudadanía quien decida quién será el representante único de cada bloque en las elecciones presidenciales de mayo. Es, en términos prácticos, el filtro definitivo que separa a los simples aspirantes de los candidatos con posibilidades reales de llegar a la Casa de Nariño.
La trascendencia de esta jornada radica en su capacidad para actuar como un termómetro de poder real, superando la volatilidad de las encuestas tradicionales. En un sistema donde los partidos políticos históricos han perdido terreno frente a las coaliciones temporales, el 8 de marzo ofrece cifras indiscutibles sobre quién posee la "maquinaria" y quién goza del favor de la opinión pública. Si un bloque logra una votación masiva, envía un mensaje de fuerza demoledora que genera el llamado "efecto ganador". Esta inercia política es crucial, pues atrae a los votantes indecisos, a los gremios económicos y a los inversionistas de campaña, quienes suelen apostar por el caballo que se ve más fuerte antes de la recta final.
El panorama actual revela una reconfiguración profunda en las fuerzas políticas. Por un lado, la derecha y la centroderecha han logrado consolidar una unión amplia que agrupa desde el uribismo tradicional hasta sectores independientes y figuras con experiencia administrativa. Este bloque se presenta como una contraparte directa al gobierno actual, utilizando su diversidad de precandidatos para movilizar a la mayor cantidad de gente posible. En contraste, la izquierda y los sectores oficialistas han transitado un camino más turbulento. Debido a decisiones jurídicas que dejaron fuera de la competencia a figuras de peso como Iván Cepeda, este sector se ha visto obligado a replantear su estrategia, debatiéndose entre buscar nuevas caras que entusiasmen a su base o saltarse la consulta para evitar una imagen de debilidad ante una posible baja votación.
Por su parte, el centro político intenta emerger como una alternativa moderada que capitalice el cansancio ciudadano frente a la polarización. Sin embargo, su consolidación ha sido la más compleja debido a diferencias personales entre sus líderes, lo que ha resultado en una coalición más pequeña de lo esperado. Esta fragmentación es precisamente el mayor peligro que enfrentan todas las alianzas. Para que una coalición sobreviva al día después de la votación, no solo necesita un ganador legítimo, sino que los sectores derrotados mantengan su lealtad. La tentación de romper pactos y buscar caminos propios tras los resultados es inmensa, especialmente si el ganador no logra integrar a todas las facciones.
En última instancia, lo que ocurra este 8 de marzo dictará el tono de la competencia presidencial. Los resultados determinarán si Colombia se encamina hacia una lucha binaria de "todo o nada" entre dos bloques opuestos y radicalizados, o si todavía queda oxígeno para una tercera vía que logre romper la dicotomía actual. Más que elegir nombres, el país estará decidiendo la estructura misma del poder para los próximos años, definiendo si la política nacional se encamina hacia la cohesión o hacia una fragmentación que obligue a nuevos e inesperados pactos a partir del 9 de marzo.
Implicaciones para las coaliciones
Para las coaliciones, participar en esta jornada no es una simple formalidad; es una apuesta que conlleva implicaciones legales, financieras y estratégicas que redefinirán el mapa electoral hacia la primera vuelta de mayo.
La primera y más contundente implicación es el carácter vinculante y legal de los resultados. Según la normativa colombiana, los precandidatos que se someten a una consulta quedan inhabilitados para presentarse por cualquier otro partido o movimiento en el mismo proceso electoral. Esto convierte a la consulta en un "pacto de caballeros" blindado por la ley: los perdedores no solo deben aceptar la derrota, sino que están obligados a apoyar al ganador del bloque. El incumplimiento de este acuerdo no solo acarrea sanciones administrativas, sino que obliga a los partidos a devolver los recursos públicos invertidos, lo que garantiza, al menos sobre el papel, que la coalición llegue unida a la siguiente etapa.
Sin embargo, el impacto más profundo es el mensaje de viabilidad política que arrojan las urnas. Las consultas, con los votos logrados, mostrarán el músculo de cada coalición. Un bloque que logre convocar a una masa crítica de votantes —como lo intenta la centroderecha en esta ocasión— se posiciona automáticamente como el rival a batir, atrayendo a sectores indecisos y sumando respaldos de quienes rara vez apuestan por proyectos que salen debilitados de este tipo de escenarios. Por el contrario, una coalición con una votación lánguida enfrentará un estigma de derrota prematura que suele provocar la fuga de apoyos hacia opciones con mayor tracción.
Finalmente, el resultado de las consultas redefine el juego de las terceras vías. La magnitud de los votos el 8 de marzo dictará si la contienda presidencial se polariza definitivamente entre dos grandes bloques o si queda espacio para figuras independientes que decidieron no participar en las consultas. Si los ganadores de los extremos resultan ser figuras muy radicales, el centro político —que ha tenido dificultades para cohesionarse— podría encontrar un segundo aire. En definitiva, las consultas de marzo son el evento que transformará las alianzas actuales de simples acuerdos de papel en estructuras de poder real, o las condenará a la irrelevancia antes de que empiece la verdadera batalla por la presidencia.