El caso Mac Master: entre la intromisión estatal y la trinchera política
Por: Dany Oviedo Marino
La dimisión de Bruce Mac Master de la presidencia de la ANDI tras casi trece años de gestión no debe leerse simplemente como un relevo corporativo más. Es, en realidad, el síntoma de una fractura institucional mucho más profunda. La salida del dirigente empresarial pone al desnudo dos de las mayores amenazas que acechan a la democracia colombiana contemporánea: por un lado, la preocupante tentación autoritaria del poder Ejecutivo de intervenir y asfixiar la autonomía de la sociedad civil; por el otro, el error estratégico de las dirigencias gremiales al abandonar la ecuanimidad técnica para convertirse en actores de oposición política.
La presión ejercida desde el gobierno de Abelardo De la Espriella para forzar la salida de un vocero gremial sienta un precedente nefasto. En un Estado de derecho, la existencia de grupos de interés —gremios, sindicatos, asociaciones profesionales, etc— constituye el dique de contención indispensable frente al absolutismo del poder. Cuando el Ejecutivo pretende vetar dirigencias o castigar la discrepancia mediante el aislamiento institucional, no solo vulnera el derecho a la libertad de asociación, sino que inocula un peligroso efecto inhibidor en el tejido empresarial. Si los líderes de la producción deben pedir permiso o alinearse ideológicamente con la Casa de Nariño para poder trabajar, la democracia pierde uno de sus contrapesos más valiosos y se desliza hacia un corporativismo estatal donde solo sobrevive la complacencia muy parecido al comunismo y no la competencia, como debe ser en una sociedad democrática y capitalista.
Sin embargo, la responsabilidad de este desencuentro no es unilateral. La fragilidad en la que hoy queda la ANDI, es inevitable examinar el comportamiento de su dirigencia durante el gobierno anterior. En esa etapa, Bruce Mac Master cruzó en repetidas ocasiones la frontera que separa la defensa legítima de los intereses industriales del activismo político partidista. Al asumir el micrófono como un opositor de tiempo completo —más enfocado en el combate retórico de redes sociales que en la concertación técnica de políticas públicas—, el gremio terminó hipotecando su activo más preciado: su neutralidad e independencia institucional.
Convertir a la ANDI en una trinchera ideológica trajo consecuencias graves. No solo congeló las posibilidades de negociación técnica en beneficio de las empresas afiliadas, sino que dejó a la representación empresarial completamente expuesta a los vaivenes de la lucha política. Quien decide jugar en el terreno de la política electoral desde la dirigencia gremial debe estar preparado para sufrir las consecuencias negativas del juego de la política: el veto, la polarización y la descalificación.
Este ciclo vicioso de acción y reacción es destructivo para el país. Cuando un líder gremial actúa como un político de oposición ciega, le entrega al Gobierno el pretexto perfecto para tratar al gremio no como un interlocutor válido de la producción, sino como a un enemigo al que hay que neutralizar. Y cuando el Gobierno responde con vetos e injerencias, termina validando las alarmas sobre el deterioro del Estado de derecho. El resultado final de esta situación es la parálisis del diálogo social, el deterioro del clima de inversión y la degradación del debate público, donde la evidencia económica es reemplazada por el dogma o la represalia.
Colombia no puede permitirse que sus gremios económicos funcionen ni como apéndices del gabinete presidencial ni como partidos políticos de oposición sin personería jurídica.
La salida de Mac Master debe servir como un llamado urgente a la cordura institucional en dos frentes claros: al Gobierno Nacional le corresponde recordar que el respeto a la autonomía gremial no es una concesión benévola, sino un mandato constitucional estricto e infranqueable y a la nueva dirigencia de la ANDI y al sector privado les compete la tarea de reconstruir una vocería técnica, rigurosa y distante del protagonismo partidista, capaz de defender el libre mercado y la empresa con firmeza analítica y sin caer en la tentación del activismo político.
De la capacidad para restablecer esta frontera técnica depende, en buena medida, la salud de los contrapesos democráticos y la estabilidad económica del país.
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