El ambicioso plan de las autoridades para las elecciones de 2026
- Acta Diurna
- hace 6 horas
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A medida que el calendario electoral avanza y la expectativa nacional crece, las instituciones del Estado colombiano han comenzado a desplegar un engranaje de vigilancia sin precedentes. Con la mirada puesta en las próximas elecciones de Congreso y Presidencia, se ha activado formalmente la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, un organismo que busca no solo castigar las irregularidades, sino anticiparse a ellas mediante una coordinación interinstitucional que pretende blindar la voluntad popular en las urnas.
El Registrador Nacional, Hernán Penagos, ha sido enfático al señalar que el éxito de este proceso democrático depende de una articulación real entre las distintas ramas del poder. Según el funcionario, el objetivo primordial no radica en una persecución punitiva indiscriminada, sino en una labor pedagógica profunda. La intención es evitar que los ciudadanos sean instrumentalizados por organizaciones criminales o intereses oscuros, haciendo especial énfasis en combatir flagelos históricos como la trashumancia electoral, donde el voto se desplaza artificialmente para alterar los resultados locales.
Esta primera cumbre de seguridad no fue un evento menor. En ella confluyeron las cabezas más visibles de la justicia y el control en el país, incluyendo a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo; el Procurador General, Gregorio Eljach; y el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez. Junto a ellos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y los altos mandos de la Fuerza Pública trazaron las líneas rojas que no se permitirán cruzar durante la jornada electoral.
Estrategia de inteligencia y canales de denuncia
Uno de los pilares más innovadores de este plan es la implementación de un mapa de riesgo electoral diseñado por la Fiscalía. Esta herramienta no es un simple gráfico de calor; se trata de un sistema de inteligencia que identifica los focos donde la democracia es más vulnerable, ya sea por presiones de grupos armados, riesgos de fraude o antecedentes de corrupción. Este mapa permitirá que la Registraduría ubique las mesas de votación de manera estratégica y que la Fuerza Pública concentre sus recursos donde el peligro de coacción es mayor.
Para que este sistema funcione, la participación ciudadana es vital. Por ello, la Fiscalía ha dispuesto una infraestructura que combina la presencialidad con la tecnología, habilitando puntos de denuncia virtuales y físicos que estarán conectados directamente con los Puestos de Mando Unificados (PMU). La promesa institucional es clara: habrá una prioridad absoluta en el trámite de estas quejas para que la respuesta de las Mesas de Justicia sea inmediata y efectiva.
Seguridad en el territorio y el valor del voto
El compromiso con la seguridad física también es de una escala monumental. El Ministerio de Defensa ha garantizado el cubrimiento total de los más de 13.000 puestos de votación previstos. Como medida excepcional para fortalecer la presencia estatal en las periferias, se ha anunciado la extensión del servicio militar, una decisión orientada a robustecer la vigilancia en las zonas rurales donde el riesgo de interferencia suele ser más agudo.
Sin embargo, más allá de los fusiles y los algoritmos, el mensaje de cierre de la Comisión apela a la ética civil. El Procurador Gregorio Eljach recordó que la legitimidad de un gobierno no reside solo en el conteo de los votos, sino en la confianza que el pueblo deposita en el sistema. Bajo esta premisa, la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría actúan hoy como un bloque unido, con la convicción de que solo unas elecciones libres y conscientes pueden sostener el peso de la democracia colombiana.
La Comisión volverá a reunirse poco antes de los comicios de marzo, momento en el cual se rendirán cuentas sobre los avances de estas medidas, asegurando que cada engranaje de esta maquinaria de transparencia esté perfectamente aceitado para el día de la verdad.
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