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Diez militares reconocieron su responsabilidad en ´falsos positivos´


Este martes la Justicia Especial de Paz (JEP) realiza desde Ocaña, Norte de Santander una audiencia pública de reconocimiento en la que diez militares retirados y un civil reconocerán su responsabilidad en los crímenes de guerra de las ejecuciones extrajudiciales, conocidos también como falsos positivos.


“Ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y la posibilidad de impartir justicia como esta audiencia de reconocimiento. Ante ustedes la historia está en marcha”, indicó el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes.



En esta audiencia de reconocimiento las víctimas y los victimarios están frente a frente en un proceso que pretende aportar a los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.


Los hallazgos del tribunal especial indican que diez miembros de la fuerza pública y un civil son penalmente responsables de cometer los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada.


Los señalados por la Justicia Especial pertenecían a la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander.


En esta audiencia reconocerán responsabilidades el general Paulino Coronado, los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro, los tenientes Álvaro Diego Tamayo y Gabriel de Jesús Rincón Amado, el Mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro.


Asimismo reconocerán el capitán Daladier Rivera Jácome, los sargentos Rafael Antonio Urbano y Mauricio Pérez Contreras, el cabo Néstor Guillermo Gutiérrez y el tercero civil Alexander Carretero.


“Quiero que nos saquen este dolor del corazón, que nos expliquen por qué los mataron”, indicó una de las víctimas durante esta audiencia.



Los hechos que están sobre la mesa en esta audiencia ocurrieron entre enero de 2007 y agosto de 2008. Dice la JEP, que los crímenes no fueron aislados y que se presentó un modus operandi.


Las víctimas son, en su mayoría, hombres campesinos que en vida tenían entre 25 y 30 años. “Los miembros de la fuerza oficial los asesinaron”, puntualizó la magistrada Catalina Díaz. COLPRENSA

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