Diez militares reconocieron su responsabilidad en ´falsos positivos´


Este martes la Justicia Especial de Paz (JEP) realiza desde Ocaña, Norte de Santander una audiencia pública de reconocimiento en la que diez militares retirados y un civil reconocerán su responsabilidad en los crímenes de guerra de las ejecuciones extrajudiciales, conocidos también como falsos positivos.


“Ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y la posibilidad de impartir justicia como esta audiencia de reconocimiento. Ante ustedes la historia está en marcha”, indicó el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes.


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En esta audiencia de reconocimiento las víctimas y los victimarios están frente a frente en un proceso que pretende aportar a los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.


Los hallazgos del tribunal especial indican que diez miembros de la fuerza pública y un civil son penalmente responsables de cometer los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada.


Los señalados por la Justicia Especial pertenecían a la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander.


En esta audiencia reconocerán responsabilidades el general Paulino Coronado, los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro, los tenientes Álvaro Diego Tamayo y Gabriel de Jesús Rincón Amado, el Mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro.


Asimismo reconocerán el capitán Daladier Rivera Jácome, los sargentos Rafael Antonio Urbano y Mauricio Pérez Contreras, el cabo Néstor Guillermo Gutiérrez y el tercero civil Alexander Carretero.


“Quiero que nos saquen este dolor del corazón, que nos expliquen por qué los mataron”, indicó una de las víctimas durante esta audiencia.


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Los hechos que están sobre la mesa en esta audiencia ocurrieron entre enero de 2007 y agosto de 2008. Dice la JEP, que los crímenes no fueron aislados y que se presentó un modus operandi.


Las víctimas son, en su mayoría, hombres campesinos que en vida tenían entre 25 y 30 años. “Los miembros de la fuerza oficial los asesinaron”, puntualizó la magistrada Catalina Díaz. COLPRENSA