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Denuncian a las EPS y hospitales que niegan el derecho al aborto



La organización no gubernamental Jacarandas, en el marco de su seguimiento a la implementación de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24, denunció públicamente a las EPS y Hospitales que más niegan el fallo del alto tribunal.


Las aseguradoras Sanitas, Nueva EPS y Coosalud son las entidades que más obstáculos han presentado para el acceso a la interrupción del embarazado, según denunció la organización de mujeres que lucha por el derecho al aborto libre.



“Las Entidades Administradoras de Plan de Beneficios (EAPB) tienen la responsabilidad de garantizar el derecho al aborto. Sin embargo, están fallando. Hemos presentado 12 acciones de tutela y 57 quejas ante la Superintendencia de Salud y Secretarías de Salud por violaciones a los derechos fundamentales y fallas en los servicios”, afirmó Jacarandas.


Así mismo, denunciaron la lista de hospitales, en especial hospitales públicos, donde identificaron profundas fallas en la prestación del servicio.


Las IPS que negaron los abortos son Organización Clínica General del Norte (Santa Marta, Magdalena), Clínica Piedecuesta S.A.S (Piedecuesta, Santander), Hospital Local de Aguachica E.S.E, sede San Eduardo (Aguachica, Cesar), Hospital de Kennedy E.S.E (Bogotá D.C.) y el E.S.E. Hospital San Juan de Dios El Carmen de Viboral (Carmen de Viboral, Antioquia).


Sumado a ello, más 40 hospitales de diferentes zonas del país aparecen en la lista de las entidades que negaron los abortos por urgencias, remiten a especialistas y dilatan el procedimiento, realizan legrados, que son considerados tortura por la oms y solicitan requisitos adicionales a niñas y adolescentes.



La organización hizo un llamado al Gobierno Nacional para lograr el acceso al aborto en condiciones dignas. Exigió que el Ministerio de Salud expida una resolución para acelerar la implementación de la Sentencia C-055 de 2022 y que Ministerio de Educación que promueva la difusión masiva del derecho a la interrupción libre del embarazo en colegios y universidades.


Así mismo, exigieron que la Fiscalía General de la Nación archive todos los procesos contra mujeres y personas gestantes por el delito de aborto. COLPRENSA

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