La Corte Constitucional le ordenó al presidente de la República que cumpla con las órdenes dictadas en relación con el estado de cosas inconstitucional en las cárceles.
La corporación corroboró que no se cumplen las órdenes impartidas en el 2022, en las cuales se solicitaba el acceso a la información e ingreso a los establecimientos carcelarios, por parte de las entidades encargadas de hacer seguimiento de la situación.
En este sentido, se había solicitado previamente al Inpec acceder a información relacionada con las condiciones de vida en reclusión de la población carcelaria, así como el ingreso a establecimientos penitenciarios, con el fin de entrevistar a algunos de los detenidos. Sin embargo, la entidad no respondió a la petición.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo informó que, desde mediados de octubre de 2018, el Inpec le ha impedido ingresar a algunos centros de reclusión del país, además restringió el uso de cámaras y equipos de registro fotográfico y electrónico.
La Sala que sigue este caso quiso acceder a determinados establecimientos penitenciarios y entrevistar virtualmente a algunos de los detenidos para analizar sus versiones, sin embargo, la entidad pública no respondió su petición.
Es de recordar que la Corte declaró un Estado de Cosas Inconstitucional frente a este tema porque halló que se vulneraron derechos fundamentales que deben garantizarse, una situación que también se ve en la seguridad de los firmantes de la paz de las Farc y con los menores de edad del pueblo wayuú.
En el caso de la situación carcelaria, ese tipo de restricciones para hacerle seguimiento a dicha situación -a criterio de la Defensoría- son un tropiezo para las labores de seguimiento.
Hay que señalar que diferentes entidades e instancias estatales se han hecho a un lado a la hora de permitirles a la Defensoría del Pueblo y al tribunal constitucional hacer un seguimiento responsable a la crisis carcelaria que afronta el país.
Por su parte, el Inpec desconoció las órdenes de la Corte y no reconoció sus obligaciones, de ahí que el alto tribunal requirió al presidente Duque para que como máxima autoridad administrativa garantice el cumplimiento de las ordene proferidas en su momento en cuanto al estado de cosas inconstitucional de las cárceles. COLPRENSA