La Contraloría General de la Nación solicitó prudencia y rigor en el debate sobre las perspectivas del sector minero energético en Colombia, teniendo en cuenta la incertidumbre y volatilidad de los mercados que ha estado permanente en la coyuntura nacional reciente.
“A 21 de octubre de 2022 la tasa de cambio se ubica en los $4.885,5 lo que representa una devaluación en los corrido del año del 22,7%. Si se compara con el mismo día del año anterior, la devaluación anual alcanza el 29,6%. En promedio la devaluación se sitúa en el 10,9%”, informó la Contraloría.
La entidad reiteró que la variabilidad de la tasa de cambio se une a la incertidumbre de la inflación anual y las políticas monetarias mundiales que ha tenido consecuencias mundiales en los últimos meses.
También, la Contraloría recordó que la actividad minera colombiana, aunque no es mayormente visible internacionalmente, si es muy importante en el territorio nacional y por eso las decisiones que se tomen en la misma tienen un gran impacto, particularmente económico y fiscal.
“La dinámica del sector en cada vigencia se traduce en su efecto en las finanzas públicas del Gobierno Nacional Central (GNC) a través de los impuestos que paga y de los ingresos de capital mediante los excedentes financieros que obtiene de los dividendos que le genera Ecopetrol”, expresó el organismo de control.
Según la Contraloría, ese sector le ha aportado al país cerca de $33 billones de regalías en el último bienio a las regiones y las cuales han sido invertidas en agua potable, salud, educación y alcantarillado.
“El sector minero energético generó 90.000 empleos anuales, demandó bienes y servicios locales a colombianos por el orden de $11,0 billones anuales y destinó $453.103 millones a inversión social, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan las regiones”, informó la Contraloría.
Finalmente, entre las recomendaciones que entregó la Contraloría están avanzar hacia una transición energética segura, trabajar en el uso de energías limpias, dejar claridad sobre el cumplimiento de los contratos actuales de exploración y explotación de petróleo y gas y sobre las acciones que se tomarán sobre futuros contratos. COLPRENSA