En el Consejo de Estado este miércoles comenzaron los trámites para hacer tambalear las personerías jurídicas de un partido veterano, el Liberal, liderado por el expresidente César Gaviria, y uno más joven, Soy Porque Somos, de la actual vicepresidenta, Francia Márquez. Dos demandas se dirigen a quitarles el estatus de partido.
Contra el Partido Liberal pesa una acción de nulidad enviada por la abogada Juliana Beltrán Moya, quien argumenta que el presidente de la agrupación, Gaviria, lleva casi cuatro años sin citar a una convención que, según las normas nacionales, incluyendo la Constitución Política, debería convocarse cada dos años.
La demandante aseveró que el artículo 108 de la Constitución dicta que una causal de pérdida de investidura será, precisamente, no llamar a cónclaves “que posibiliten a sus miembros influir en la toma de decisiones más importantes de la organización política”. La última de las convenciones liberales fue en 2020.
En 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) empezó a investigar por qué no se desarrollaba una convención. El proceso llevó a una resolución de mayo de 2023, elaborada por la magistrada Fabiola Márquez, en la que se sancionó al partido con una multa de $25 millones y un plazo de cuatro meses para organizar la reunión.
De acuerdo con Beltrán, la multa fue pagada, pero el encuentro aún no ocurre. En noviembre de 2023, Gaviria le envió una carta al CNE argumentando que el 2022 fue un año electoral, por lo que la colectividad se concentró en eventos que favorecieran a sus candidatos y conservaran el umbral de votos para seguir siendo un partido.
“Entendemos y somos conscientes de la importancia de llevar a cabo la Convención Nacional, pero su postergación no se debe a negligencia o arbitrariedad, sino debido a que los procesos electorales del año inmediatamente anterior y en el que nos encontramos inmersos requieren de toda nuestra atención y vigilancia”, manifestó el partido.
Las demandas contra el Partido Liberal y Soy Porque Somos
La demanda de Juliana Beltrán, repartida esta semana en el Consejo de Estado en el despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, aún no ha sido admitida, pero ya provocó que este miércoles César Gaviria agendara el 30 de agosto como fecha para la convención, que llevará como lema “construir sobre lo construido”.
Frente al partido Soy Porque Somos, por otra parte, llegó una demanda de la jurista administrativista Ximena Echavarría, la misma que provocó que la poderosa Sección Quinta del Consejo de Estado le quitara en marzo la personería jurídica a Fuerza Ciudadana, el movimiento del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo.
Para Echavarría, la resolución con la que el CNE le dio personería jurídica al partido de la vicepresidenta colombiana debería anularse por varias razones. Una de ellas, haber formado una coalición con el Polo Democrático a partir de un acuerdo que solo podría concretarse con partidos políticos que ya tuviesen personería.
Además, aseguró la abogada en una demanda de cincuenta páginas, “los candidatos que tienen afinidad política con Soy Porque Somos que fueron avalados por el Polo Democrático Alternativo incurren en doble militancia”, debido a que participaron en las elecciones de 2022 con el patrocinio del Polo pero representan a Soy Porque Somos.
Es decir, de acuerdo con la demandante, el Polo no podía entregar avales a los miembros del movimiento de Francia Márquez a partir de un acuerdo entre ambas bancadas, debido a que ese convenio no tuvo validez jurídica. Entre los avales de hace dos años aparecen el de la actual ministra de la Igualdad y el de la representante Dorina Hernández.
“Téngase en cuenta que el deber que le asiste a la mencionada congresista, de conformidad a la Constitución luego de la reforma política del año 2003, por ostentar una credencial del partido Polo Democrático Alternativo, es el de permanencia en la militancia y actuar en bancada”, se lee en el texto que llegó al Consejo de Estado.
Soy Porque Somos no tenía personería jurídica hasta diciembre del año pasado. El Consejo Nacional Electoral tomó la decisión con seis votos a favor de entregar el estatus de partido, principalmente porque el movimiento “fue determinante para acceder a un cargo con tanta representatividad como la Vicepresidencia de la República”.
Ese resultado, afirmó Echavarría, es “a todas luces contrario a derecho”, debido a que se basa “en un acuerdo político entre un partido político con personería jurídica y una agrupación sin personería jurídica” y se sostiene en los logros del Pacto Histórico de 2022 “como si ello fuera un requisito para solicitar una personería jurídica”. COLPRENSA