Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales colombianas con la promesa de llevar a cabo profundos cambios en el plano social, político y económico. Una tarea muy compleja. Según los pronósticos de la OCDE, el producto nacional bruto colombiano crecerá este año un 6,1 por ciento, gracias a un incremento del consumo tras la pandemia y al aumento de la demanda de combustibles fósiles, debido a la actual crisis energética en Europa. Pero Colombia enfrenta el mayor endeudamiento público de su historia y una inflación anual que se eleva al 9,6 por ciento.
Solo cerca de la mitad de la población cuenta con un trabajo formal. Y la pandemia ha empeorado las cosas. La pobreza vuelve a crecer.
Cómo financiar los cambios
El plan de reforma tributaria del gobierno saliente desencadenó protestas a nivel nacional. El país requiere nuevas reformas para combatir la inequidad e impulsar el desarrollo de áreas rurales.
Petro se propone recaudar 50.000 millones de pesos (más de 10.000 millones de dólares) para realizar inversiones públicas y enfrentar la deuda fiscal. Propone una reducción gradual de los impuestos corporativos en cinco puntos porcentuales, hasta un 30 por ciento, y elevar los impuestos a los 4.000 colombianos más acaudalados.
"Se aplican demasiados impuestos a las empresas y no a las personas, y abordar el tema de los impuestos individuales a la renta es esencial si queremos tener un sistema más progresivo”, dijo el futuro ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al Financial Times.
Solo un cinco por ciento de la población que trabaja paga impuestos. Las altas tasas de empleo informal y de evasión tributaria han generado déficits enormes en las arcas fiscales.
El área agrícola
Pero los planes del nuevo gobierno van más lejos. Un elemento central es una amplia reforma del sector agrario, en un país con una compleja historia en cuanto a la propiedad de las tierras.
De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un 28 por ciento de las tierras cultivables del país no son productivas. Colombia importa actualmente cerca del 30 por ciento de los alimentos que consume, incluyendo cereales y papas. La reforma apunta a aplicar impuestos a latifundistas que no explotan todo el potencial de sus tierras.
El desarrollo de las regiones rurales de Colombia también es esencial para la paz en el país: un primer paso es cumplir el acuerdo de paz con las FARC en lo tocante a una reforma rural integral.
Transición energética
Petro se propone también iniciar la transición a las energías renovables. Pero el tema es delicado, teniendo en cuenta que el carbón y el petróleo constituyen cerca de la mitad de las exportaciones colombianas, según el organismo nacional de estadísticas (DANE). Y la creciente demanda de estos productos debido a la crisis europea está ayudando actualmente a la economía del país.
Sin embargo, el año pasado el país perdió su clasificación de inversión y la devaluación del peso colombiano frente al dólar ha alcanzado recientemente un máximo histórico. La fuerte dependencia de los combustibles fósiles hace que el país sea vulnerable a la volatilidad de los mercados y supone un revés para los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
Petro necesitará aliados políticos para llevar adelante sus planes, que, de seguro, encontrarán resistencia. Algunos economistas prevén que no logrará reducir la deuda pública e incrementar al mismo tiempo las inversiones. En tal caso, el nuevo gobierno tendrá que concentrarse en combatir la corrupción y movilizar recursos para invertir en las regiones que más lo necesitan: las de la Colombia rural. DW
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