Colombia y Ecuador: la errónea táctica del chantaje energético

Por: Dany Oviedo Marino

La relación bilateral entre Colombia y  Ecuador ha entrado en una fase de erosión institucional sin precedentes. Lo que inició como una fricción arancelaria por motivos de seguridad fronteriza ha mutado en una "guerra de infraestructuras" que amenaza con desestabilizar la arquitectura energética de la región. El incremento de la tarifa de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) de US$3 a US$30 por barril no es una medida técnica de mercado; es un uso político del patrimonio estatal ecuatoriano que pone en jaque la viabilidad de la industria petrolera en el sur de Colombia.

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La administración de Daniel Noboa justifica este aumento del 900% bajo el concepto de reciprocidad frente a la suspensión del flujo eléctrico colombiano. Sin embargo, el análisis técnico revela una desproporción alarmante. Mientras que el precio de la energía eléctrica es volátil y depende de factores hidrológicos, el peaje de un oleoducto suele basarse en contratos de largo plazo y amortización de infraestructura. Al indexar caprichosamente el transporte de crudo a las disputas diplomáticas, Ecuador está dinamitando la seguridad jurídica necesaria para cualquier acuerdo binacional futuro.

Para Ecopetrol, el impacto es devastador. Con un costo de producción que en la cuenca del Putumayo suele oscilar entre los $20 y $25 por barril, sumarle un peaje de $30 —sin contar impuestos y transporte interno— eleva el breakeven (punto de equilibrio) por encima de los $55 o $60. En un mercado global donde el Brent muestra signos de debilidad, Ecuador está empujando a los campos colombianos de la frontera hacia el cierre técnico, lo que se traduciría en una pérdida inmediata de regalías para los departamentos colombianos y una caída en el volumen de crudo que alimenta las propias arcas de Petroecuador por concepto de transporte.

Estratégicamente, Ecuador está capitalizando su ventaja geográfica. El SOTE es la ruta más eficiente para que el crudo del Putumayo llegue al puerto de Balao (Esmeraldas) y, de allí, a los mercados asiáticos o de la costa oeste de EE. UU. La alternativa colombiana, el Oleoducto Transandino (OTA), no solo tiene una capacidad de bombeo inferior, sino que su operatividad está comprometida por la inseguridad crónica. Al cerrar la válvula económica del SOTE, Quito está, de facto, bloqueando la salida de Colombia al Pacífico.

El riesgo evidente es que esta "tasa de seguridad" o "reciprocidad" sienta un precedente nefasto. Si la infraestructura compartida —oleoductos, interconexiones eléctricas, puentes internacionales— se convierte en moneda de cambio para represalias políticas, el concepto de "integración regional" queda reducido a una quimera.

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Colombia y Ecuador están atrapados en un juego de suma cero: Quito necesita la electricidad de Bogotá para mantener sus industrias encendidas, y Bogotá necesita la logística de Quito para que su petróleo siga siendo rentable. Romper este equilibrio mediante el estrangulamiento tarifario es una victoria pírrica que solo beneficia a las economías ilegales que ambos gobiernos dicen combatir, las cuales florecen precisamente donde la cooperación estatal se desvanece.