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Colombia estrenará nueva cárcel en Riohacha



En el fragor de la campaña electoral de 2026, donde la seguridad y el castigo dominan la agenda, Colombia se prepara para un hito de infraestructura: la entrega del Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional de Riohacha. La obra, que finalizará el próximo 21 de junio, no es solo un proyecto de ingeniería; es el nuevo tablero donde se cruzan las promesas de "mano dura" y las advertencias de la academia.


Con una inversión de $307.000 millones, el nuevo centro penitenciario de La Guajira busca dar un respiro a un sistema penitenciario con un hacinamiento del 27%. Sin embargo, expertos cuestionan si más muros son la solución definitiva.



Radiografía de una crisis en cifras


El sistema administrado por el Inpec opera hoy bajo una presión insostenible. Mientras la Corte Constitucional mantiene sus alertas por la vulneración de derechos humanos, las cifras oficiales dibujan un panorama crítico:


  • Población actual: 103.543 internos.

  • Capacidad instalada: 81.139 cupos.

  • Déficit: 22.404 personas (27,6% de sobrepoblación).


La nueva cárcel en la capital de La Guajira aportará 1.722 nuevos cupos, una cifra que, aunque significativa, apenas cubre el 7,6% del déficit nacional actual.


Un gigante de concreto en el desierto


Con un avance físico del 88%, el complejo se extiende sobre 36.000 metros cuadrados de zona rural. La obra, liderada por la Uspec con una interventoría de $21.000 millones, destaca por su enfoque de servicios integrales:


Infraestructura: Ocho pabellones (siete masculinos y uno femenino).


Sostenibilidad: Planta de tratamiento de aguas residuales diseñada para la reutilización del recurso, vital en una región con escasez hídrica.


Bienestar: Áreas de sanidad, talleres de mantenimiento, aulas de tratamiento y un Centro de Desarrollo Infantil (Dier) para hijos de internas gestantes o lactantes.


El pabellón Wayuu


Uno de los aspectos más innovadores es la creación de un centro de armonización cultural. El director del Inpec, Daniel Gutiérrez, confirmó que 218 cupos serán destinados exclusivamente a miembros de la comunidad Wayuu procesados por la justicia ordinaria. Este espacio busca respetar los usos y costumbres indígenas, facilitando una resocialización que no fracture su identidad ancestral.


¿Solución real o "paño de agua tibia"?


Pese a la magnitud de la inversión, las voces críticas no tardan en aparecer. Para Norberto Hernández, experto en política penitenciaria de la Universidad Javeriana, el país corre el riesgo de caer en un ciclo infinito de construcción.



"Las nuevas prisiones tienden a llenarse con la misma velocidad con la que se inauguran", advierte el académico, señalando que la verdadera solución reside en penas alternativas y programas de reintegración social.


En la misma línea, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha hecho un llamado a la "racionalidad". Para la Defensoría, la nueva cárcel de Riohacha solo será efectiva si garantiza acceso real a salud, alimentación y una política criminal que no abuse de la privación de la libertad como única respuesta al delito.


Por ahora, el proyecto avanza bajo la estricta vigilancia de la Contraloría General, que hasta la fecha reporta una ejecución presupuestal sin irregularidades. Mientras los candidatos presidenciales recorren el país debatiendo sobre el futuro de las cárceles, Riohacha se alista para abrir sus puertas en junio, marcando el inicio —o la continuación— de una nueva etapa en el sistema carcelario colombiano.

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