Clan del Golfo declaró plan pistola en el Magdalena Medio



La reciente situación de orden público en el Magdalena Medio ha generado gran preocupación, sobre todo en los municipios de Yondó y Barrancabermeja, donde se ha notado una creciente ola de violencia por parte de los grupos delincuenciales que allí operan.


En el último hecho, la Defensoría del Pueblo indicó que fue alertada de un “plan pistola” que estaría planeando hacer el Clan del Golfo en esta zona entre Antioquia y Santander, y que fue anunciado el pasado viernes a través de un video en el que este grupo declaró como “objetivos militares” a los alcaldes de Barrancabermeja, Alfonso Eljach y al de Yondó, Fabián Antonio Echavarría.


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En el video, los encapuchados de esta estructura indicaron que aunque su lucha nunca ha sido contra la fuerza pública, advirtieron que algunos coroneles del Ejército han “incumplido acuerdos”, por lo que también los declararon “objetivos militares”. Así mismo, “sentenciaron” a muerte a líderes sociales, a los que recomendaron salir de la región.


Ante esto, la Defensoría del Pueblo hizo nuevamente un llamado a los grupos armados ilegales para que mantengan al margen de sus acciones a la población civil y para mostrar gestos de buena voluntad en relación con el llamado que viene haciendo el gobierno nacional para adelantar un proceso de paz total.


“Si hay voluntad de paz, por favor necesitamos gestos de buena voluntad y transparentes que muestren el compromiso de estos grupos”, apuntó el defensor del Pueblo Carlos Camargo.


Sin embargo, el defensor del Pueblo regional del Magdalena Medio, Didier Rodríguez, aseguró que, en lo que va de 2022, se triplicaron los homicidios en Barrancabermeja.


“Al momento llevamos 65 homicidios en por diferentes situaciones, y eso genera gran preocupación porque el número se ha triplicado en comparación con el año pasado, donde hasta la fecha solo se habían registrado 24 homicidios”, indicó Rodríguez.


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Camargo recordó que hace 15 días su despacho emitió la Alerta Temprana 027-2022, en la cual se expuso la difícil situación de orden público en la zona y el riesgo generado para las comunidades que también viven en Puerto Wilches y Simacota (en Santander) y que obligan a los entes gubernamentales a salvaguardar la vida de los ribereños. COLPRENSA