CIDH le pide al Estado colombiano investigar lo sucedido en Putumayo



La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) le expresó este martes su preocupación al Estado colombiano por lo sucedido durante el operativo militar en Putumayo, en el que murieron 11 personas.


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La CIDH “insta a las autoridades correspondientes a continuar desarrollando investigaciones bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas y a tomar las medidas necesarias para reparar este daño, incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y sus comunidades”, se lee en el pronunciamiento de la Comisión.


La legitimidad del operativo del Ejército fue puesto en duda por la comunidad de la vereda El Remanso, zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo). Versiones de testigos afirman que la fuerza oficial disparó contra civiles en medio de un bazar campesino.


En ese punto el ministro de la Defensa, Diego Molano, ha asegurado que el operativo no fue contra campesinos, sino contra disidentes de las Farc: “No fue un bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”.


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Entre las personas fallecidas se sabe que están Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena; Divier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal y Ana María Sarrias, embarazada y esposa del presidente de la JAC. Así mismo, un menor de 16 años.


De los muertos no hay reporte de la baja de alias Bruno, el disidente por el que iba el Ejército.


Mientras se conocía el pronunciamiento de la CIDH, el presidente Iván Duque –desde Estados Unidos– defendió la legitimidad del operativo y alegó que el mismo estuvo apegado a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.


“La operaciones militares y, en particular esta que ha desatado controversia, se adelantó con un trabajo de inteligencia y de identificación previo. Se contó, además, con la valoración, casi inmediata, de la Fiscalía para adelantar los actos urgentes”, se le escuchó al jefe de Estado durante una conferencia de prensa este martes.


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Por estos hechos, la Comisión pidió, además, que el Estados concrete acciones que “garanticen el derecho a la vida y la integridad física de los pueblos étnicos y comunidades campesinas del país” y que “redoble sus esfuerzos en la implementación integral del Acuerdo de Paz”. COLPRENSA