Atlántico cerró febrero con un aumento del 65% en homicidios
- Acta Diurna
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El departamento del Atlántico ha despertado este marzo sumido en una profunda crisis de seguridad. Las cifras de febrero de 2026 no solo son frías estadísticas, sino el reflejo de una hemorragia de violencia que las autoridades parecen incapaces de contener. Con un total de 91 homicidios registrados en apenas 28 días, el departamento enfrenta un incremento catastrófico del 65.22% en comparación con el mismo periodo de 2025.
Lo que el año pasado fueron 46 muertes, hoy se traduce en 91 familias enlutadas, marcando un retroceso alarmante en la convivencia ciudadana y dejando en evidencia que las estrategias de control actuales están siendo desbordadas por la criminalidad.
El mapa del terror: Barranquilla y su Área Metropolitana
El epicentro de esta ola de sangre se concentra en Barranquilla y sus municipios aledaños, que sumaron 76 de los 91 crímenes. La capital, por sí sola, registró 43 asesinatos, casi duplicando los 27 casos del año anterior.
Sin embargo, la situación en Soledad es particularmente crítica: de 13 homicidios en febrero de 2025, la cifra saltó a 25 casos en 2026. Malambo también triplicó sus índices, pasando de 2 a 7 víctimas. Esta progresión aritmética de la muerte sugiere que el conflicto se ha desplazado y profundizado en las zonas periféricas, donde la presencia estatal suele ser más reactiva que preventiva.
Desglose por Municipios (Febrero 2026):
Municipio Homicidios
Barranquilla 43
Soledad 25
Malambo 7
Sabanagrande 5
Baranoa 4
Ponedera 3
Otros (Puerto Colombia, Sabanalarga, etc.) 4
Total de homicidios en Atlántico 91
Masacres y la degradación de la guerra de bandas criminales
El nivel de sevicia alcanzado este mes se manifestó en dos masacres que han conmocionado a la opinión pública. La primera, en el barrio Carrizal durante el Sábado de Carnaval, empañó la festividad más importante de la región con el asesinato de tres hombres. La segunda, en Ponedera, cruzó una línea roja ética y social: dos mujeres y un niño de apenas 2 años de edad fueron acribillados.
Las autoridades señalan con insistencia la guerra entre las estructuras criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’. No obstante, esta explicación —ya recurrente— empieza a sonar a excusa ante una ciudadanía que ve cómo el 97% de los crímenes se cometen con armas de fuego, lo que demuestra un flujo ilegal de armamento que nadie parece detener.
Mujeres en la Mira
Febrero dejó un saldo de ocho mujeres asesinadas (aunque las cifras detalladas mencionan siete casos específicos de impacto directo), revelando una vulnerabilidad extrema. Los métodos utilizados denotan una planificación macabra:
Engaños mortales: en el barrio Los Ángeles, Yeinis Paola Contreras (24 años) fue asesinada por un sicario disfrazado de domiciliario que simuló entregar flores.
Persecución familiar: el caso de Glenis Patricia Rodríguez en Soledad es dantesco; tras el asesinato de dos de sus hermanos en meses pasados, ella fue ultimada en su propia terraza, presuntamente bajo amenazas de ‘Los Costeños’.
Crueldad extrema: Gloria Esther Araújo fue hallada envuelta en sábanas y bolsas, maniatada, tras días de desaparición.
¿Hacia dónde va el Atlántico?
Resulta inaceptable que, a pesar del despliegue de todas las especialidades policiales en sectores como Las Américas y Siete de Abril, la tasa de homicidios siga escalando de forma vertical. Las recompensas, como los $30 millones ofrecidos por el Gobernador Eduardo Verano tras la masacre de Ponedera, son medidas necesarias pero insuficientes si no van acompañadas de un desmantelamiento real de las economías ilegales que alimentan las bandas criminales y sus sicarios.
La narrativa oficial se centra en la "disputa de rentas criminales", pero esta visión ignora el impacto colateral: el ciudadano de a pie que muere en un atraco, el niño de 2 años que es víctima de un ataque sicarial, o la mujer que es asesinada por conflictos pasionales o territoriales. El Estado parece estar perdiendo la batalla por el control de las calles, y el aumento del 65% es un grito de auxilio de un departamento que se desangra entre el fuego cruzado y la inoperancia institucional.
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