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Corte ratifica medida de aseguramiento contra Iván Name y Andrés Calle



La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por las defensas de los expresidentes del Congreso, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas. Con esta decisión, ambos exlegisladores deberán continuar privados de la libertad en el centro carcelario La Picota mientras avanza el proceso penal en su contra.


La defensa de los procesados argumentaba que se habían cumplido los plazos legales (seis meses) sin que se hubiera dado inicio a la audiencia pública de juzgamiento. Sin embargo, el magistrado Jorge Caldas determinó que los términos judiciales aún están vigentes. La Corte concluyó que la complejidad del proceso, que incluye la práctica de pruebas en el exterior y la revisión de una voluminosa documentación, justifica la extensión de los plazos según la normativa vigente para este tipo de delitos.



El esquema de corrupción


El proceso judicial se centra en las irregularidades detectadas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), específicamente en relación con el polémico contrato para la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira.


Según la investigación de la Sala de Instrucción, se habrían desviado recursos públicos para el pago de sobornos:


  • Iván Name: Habría recibido presuntamente 3.000 millones de pesos.

  • Andrés Calle: Habría recibido presuntamente 1.000 millones de pesos.


El objetivo de estos pagos, de acuerdo con la acusación, era que ambos directivos del Legislativo agilizaran y facilitaran el trámite de las reformas sociales propuestas por el Gobierno Nacional en el Congreso.



Cargos y situación jurídica


Tanto Name como Calle enfrentan cargos por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado. Aunque los excongresistas han mantenido su postura de inocencia, la Corte Suprema de Justicia considera que existen pruebas suficientes para mantener la medida de aseguramiento, con el fin de garantizar el desarrollo normal del juicio y evitar posibles obstrucciones a la justicia.


El caso continúa en la etapa de juicio, donde se determinará la responsabilidad definitiva de los implicados en uno de los escándalos de corrupción más mediáticos de los últimos años en el país.

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