Al menos… una constancia romántica

Por Gustavo Bell Lemus*

La acelerada urbanización de uno de los pocos espacios verdes que albergan grandes extensiones de bosque seco tropical en la cuenca de Mallorquín persiste.

El pasado 9 de mayo del año en curso, dos hombres fueron condenados en Newcastle, Inglaterra, por talar sin justificación alguna un emblemático árbol de más de cien años de antigüedad. El arce, ampliamente conocido y venerado por los británicos, había sido sembrado a fines del siglo XIX junto al muro de Adriano –construido por orden del emperador romano en el año 122 d.C.– y declarado patrimonio de la humanidad en 1987.

Los vándalos fueron hallados culpables del “infame crimen”, cometido con total impudicia y solo para divertirse un poco. La pena que deberán cumplir será emitida el próximo 15 de julio y podría ser de hasta diez años de prisión.

La indignación que generó el arboricidio trascendió las fronteras nacionales y se extendió por todo el mundo entre los amantes de los árboles gracias al cubrimiento de la BBC de Londres. La relevancia que le otorgó el prestigioso medio británico debería servir para aumentar la conciencia global sobre el valor de los bosques y la urgencia de preservarlos ante el afán depredador que alimenta cierta noción del desarrollo.

Por América Latina, la pérdida de bosques tropicales no escampa…

Si la pérdida de un arce generó tal indignación en el mundo, ¿qué debemos sentir los latinoamericanos al saber que somos la región donde más bosques tropicales se perdieron en el último año?

En efecto, así lo confirman los últimos datos publicados por Global Forest Watch correspondientes a 2024. Se registró un nivel mundial de pérdidas que no se veía en más de veinte años: 6.7 millones de hectáreas, de las cuales el 71% se concentró en seis países latinoamericanos, encabezados por Brasil, Bolivia y Colombia, en ese orden.

La particularidad de esta información es que la principal causa de las pérdidas fueron los incendios, algo que no se había visto antes. Deliberados o espontáneos, los crecientes incendios forestales y la consecuente pérdida de bosques no hacen sino reforzar el círculo vicioso del cambio climático que la Tierra padece desde hace ya varias décadas.

El caso de Colombia, sin embargo, es muy peculiar porque los incendios no fueron la principal causa de la destrucción de sus bosques. Según un informe publicado por la BBC, «La suspensión de las conversaciones de paz y el aumento de la violencia en áreas remotas ha aumentado la minería ilegal y la producción de coca y han alentado la pérdida de bosques».

Los datos mundiales –independiente de las causas en cada país– no son para desdeñar: se trata verdaderamente de una catástrofe, por el impacto que la pérdida de vastas extensiones de bosque tropical tiene y tendrá en millones de personas en todo el mundo, especialmente en los países más pobres del planeta.

Concentrados –con razón, por el elevado número de víctimas humanas– en ponerle fin a los conflictos bélicos que tienen lugar en Europa, Medio Oriente y África, estamos permitiendo la destrucción acelerada de la capa vegetal en todos los continentes, y especialmente en el nuestro.

El aporte de Francisco I

Le cabe en justicia al recién fallecido pontífice Francisco I haber llamado enfáticamente la atención de la comunidad internacional sobre la imperiosa necesidad de cuidar nuestra casa común: el planeta que nos tocó en suerte habitar. A esa noble causa dedicó su segunda encíclica, Laudato si’ (Alabado seas), publicada en el verano de 2015 en homenaje a San Francisco de Asís y a su célebre Cántico de las criaturas.

En su encíclica, Francisco I hizo un recuento de la preocupación reciente de la Iglesia Católica por preservar el equilibrio ecológico de la Tierra, alterado dramáticamente por la actividad descontrolada del ser humano. Al respecto cita los aportes que en su momento hicieron Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. De este último recuerda la invitación que hizo a “eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto al medio ambiente”.

No obstante, las reflexiones del propio Francisco I sobre el tema fueron, sin duda, más claras, contundentes y propositivas. He aquí una de ellas, por demás muy pertinente para nosotros:

"Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas"

Estas reflexiones, referidas a las ciudades, fueron ampliadas por el fallecido pontífice en el capítulo IV de la mencionada encíclica titulado Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social.

La discusión en nuestro barrio, en medio de silencios y demoras

Hay una discusión en nuestro barrio, y no propiamente de cómo se baila la pachanga. Y la discusión se produjo porque algunos ciudadanos –entre los que me cuento– expresamos nuestros reparos a la forma y lugar en que se vienen desarrollando varios proyectos urbanísticos en el nororiente de la ciudad. Y los hicimos porque no somos indiferentes a cómo se está construyendo el futuro de la ciudad, ni nos resignamos a la confianza ciega en las soluciones técnicas con las que se contestan nuestros reparos. Parafraseando a Francisco I, el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. Nuestras opiniones no son descabelladas, ni carecen de sustento legal, las comparten incluso dos académicos alemanes (Günter Mertins y Florian Koch, profesores visitantes de la Universidad del Norte) a quienes no se les puede señalar de falta de rigor profesional, ni mucho menos de tener intereses personales detrás de sus críticas al proceso urbanístico de Barranquilla o Puerto Colombia.

En la controversia suscitada por dichas críticas, resulta desconcertante el silencio que han mantenido ambas administraciones, principales responsables de la planeación urbana en sus respectivas jurisdicciones, pues son ellas las encargadas de expedir los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y las licencias de construcción de los proyectos urbanísticos. Ha sido, por el contrario, la poderosa empresa propietaria de los terrenos donde se desarrollan estos proyectos la que ha salido a controvertir dichas críticas, presentando –no menos desconcertante– una denuncia penal contra el periodista y columnista Horacio Brieva, su principal abanderado.

Más preocupante aún es la prolongada demora que mantiene la rama judicial en resolver las demandas de nulidad que varios ciudadanos interpusieron contra los POT de Puerto Colombia y Barranquilla.

En efecto, ante una demanda de la Procuraduría General de la Nación, el 13 de diciembre de 2020 un juez administrativo de Barranquilla decretó la nulidad del POT de Puerto Colombia, adoptado mediante el Acuerdo 013 de 2017. A renglón seguido, la Alcaldía y el Concejo Municipal interpusieron sendos recursos contra la sentencia, logrando su suspensión temporal. Esto permitió al alcalde del municipio expedir apresuradamente, el 29 de diciembre, el Decreto 359, mediante el cual se adoptó “el plan parcial de desarrollo denominado Ribera de Mallorquín”.

Ahora bien, mientras el Tribunal decide sobre dicha apelación, un grupo de ciudadanos interpuso una demanda de nulidad contra varios artículos del Decreto 359, al considerar que sus disposiciones desconocen la protección ordenada por el POMCA de 2007 para los terrenos aledaños a la Ciénaga de Mallorquín. En su escrito, solicitaron la suspensión provisional del decreto mientras el Juzgado correspondiente resuelve el fondo del asunto.

Aunque la demanda fue inadmitida el 13 de febrero de 2023, fue subsanada dentro de los términos legales apenas diez días después. Sin embargo, pese a varios memoriales presentados por los demandantes para impulsar el proceso, el juzgado no ha dado respuesta alguna. Como quien dice, las denuncias de los ciudadanos duermen el sueño de los justos…

Mientras tanto, a la entrada principal de Puerto Colombia por la Autopista al Mar, se erigió –prácticamente al borde mismo– una gigantesca mole de apartamentos que amenaza con generar toda clase de congestiones de tráfico.

Si por Puerto Colombia llueve…en Barranquilla no escampa

El 27 de noviembre de 2014, el ciudadano José Raúl Rodríguez Jiménez presentó una demanda de nulidad contra el Decreto 0212 de 2014, mediante el cual se expidió el POT de Barranquilla. En ella solicitó la suspensión provisional de ese decreto hasta tanto se resolviera su legalidad, solicitud que fue negada el 9 de julio de 2015. Con esa negativa, el decreto gozaba y aún goza de presunción de legalidad, pues la demanda de nulidad –más de diez años después– ¡aún no se resuelve de fondo! En la práctica, ello le ha permitido al Distrito seguir expidiendo licencias de construcción en su jurisdicción.

Cuatro años más tarde, el Juzgado del caso, mediante sentencia del 8 de noviembre de 2018, negó la demanda de nulidad. Dos semanas después, Rodríguez Jiménez apeló la sentencia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico. Nuevamente este recurso durmió por cinco años en los estrados judiciales, hasta que el 31 de octubre de 2023 el magistrado ponente del Tribunal le devolvió el expediente al Juez 3° Administrativo, ordenándole que emitiera una nueva sentencia complementaria “en la cual deberá pronunciarse de manera concreta sobre los argumentos planteados en la demanda”. Es decir, el Tribunal consideraba que el Juez 3° aún no había respondido en su totalidad los argumentos de Rodríguez Jiménez, con los que solicitó la nulidad del POT 2014.

Transcurrido más de un año sin que el Juez 3° Administrativo profiriera la sentencia complementaria, Rodríguez Jiménez presentó, el 24 de octubre de 2024, un incidente de desacato, al considerar que el juez no había cumplido lo ordenado por el Tribunal. Cuatro meses después, interpuso una acción de tutela contra el Tribunal del Atlántico, con el fin de que se pronunciara sobre dicho desacato y ordenara una vez más al Juez 3° cumplir con su obligación. El Consejo de Estado, en fallo de primera instancia, no concedió la tutela, motivo por el cual Rodríguez Jiménez apeló ante esa misma corporación. Finalmente, mediante fallo de segunda instancia del pasado 20 de junio, esa alta corte exhortó al Juez 3° a que, “en el menor tiempo posible, profiera la sentencia complementaria”. Y con toda razón: han pasado ya más de diez años desde que Rodríguez Jiménez demandó el POT de Barranquilla, y aún no sabemos si dicho plan es legal o no.

Mientras tanto, bulldozers de las empresas urbanizadoras y mezcladoras de cemento ya han tajado y pavimentado el predio “Las Pavas” –hábitat de especies nativas de flora y fauna del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país, y donde además podrían hallarse vestigios de nuestros antepasados precolombinos –para dar paso a la construcción de dos edificios que, ciertamente, no son de interés social.

Ante esa realidad –amparada en la presunción de legalidad del POT, aún en suspenso– no queda más que dejar constancia, acaso romántica, de que nos hubiera gustado que la empresa propietaria del terreno, Argos, lo hubiera donado para el traslado del Zoológico, o que se hubiera declarado “área protegida”.

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Detrás de la desconcertante y desatinada denuncia penal contra el columnista y periodista Horacio Brieva –a quien expresamos nuestra solidaridad– subyace un problema más de fondo en la ciudad: la ausencia de debates públicos sobre los planes y decisiones que más comprometen su destino y su futuro. Más grave aún es el linchamiento mediático al que se somete a quienes se atreven a cuestionarlos, escudándose en el manido argumento de que son enemigos del progreso de la ciudad.

*Tomado de contextomedia.com