Por: Douglas Velásquez J.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Claro con una multa por 2.463 millones de pesos por publicidad engañosa en campaña de tarifa social de internet fijo para estratos 1 y 2, es decir por prácticas totalmente contrarias a la política social del presidente Gustavo Petro.
Se comprobó que incurrió en publicidad engañosa, pues indujo en error, engaño y/o confusión a los usuarios, al difundir información incompleta e inexacta sobre las condiciones de acceso al servicio de internet fijo con tarifa social para pensionados de la fuerza pública con discapacidad y los sobrevivientes de integrantes de las Fuerzas militares o Policía Nacional, fallecidos por hechos o actos ocurridos por causa del servicio, por acción directa del enemigo o en combate.
Al parecer CLARO tenía franco acceso a palacio y a MINTIC quien le renovó el permiso de uso de espectro en la banda de 1.900 MHz a las carreras, sin un abierto análisis técnico y riguroso de la valoración técnica que emitió la Agencia Nacional del Espectro, en ejercicio de sus funciones.
Tras una polémica, el gobierno terminó adjudicando a Claro y a UT Centros Poblados la implementación de conectividad en 14.745 escuelas de áreas rurales, 7.468 centros digítales, el 56 % más de lo previsto inicialmente, por valor de 1.060 millones de pesos (303,6 millones de dólares). Sobre este contrato se denunció la presentación de documentos falsos para ganárselo. El gobierno Duque nada dijo y en cambio le entregó la otra mitad del país a Claro Colombia.
Adicionalmente, los operadores de Claro y Movistar obtuvieron la renovación de los contratos para continuar prestando sus servicios móviles con obligaciones de actualización tecnológica para mejorar la cobertura y calidad del servicio que miles de usuarios consideramos letra muerta.
Así mismo, los ingresos que se recaudan en Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FONTIC) sirven para financiar planes, programas y proyectos de conectividad a nivel nacional, todo a lo cual CLARO paga sin un mínimo de lealtad a los usuarios haciéndoles trampas y solo pensando en su bolsillo.
Todo esto, respetando los derechos adquiridos y a la defensa, deberá ser reconsiderado en el gobierno de “Colombia, potencia mundial de la vida social” de Petro.