Álvaro Uribe, exsenador y expresidente de Colombia, arremetió contra la reciente investigación que realizó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre los falsos positivos en Colombia.
"Nunca he eludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias", dice el inicio de un comunicado en el que reacciona al informe de la JEP.
En su indagación, la JEP estableció que por lo menos 6402 personas fueron víctimas de los falsos positivos entre 2002 y 2008, periodo en el que Álvaro Uribe fue el presidente de Colombia.
"Recién iniciado el Gobierno, en 2003, cuando la Seguridad Democrática empezaba a dar tranquilidad a los colombianos, ONGs, contrarias a mis ideas, acusaban a las Fuerzas Armadas de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales. Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo, de alguien dado de baja en combate, permaneciera en el lugar, no fuera movido y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía", expresó.
El fundador del partido Centro Democrático manifestó que en esos primeros años "enfrenté, en público, los graves hechos entre soldados y policías ocurridos en Guaitarilla y el asesinato de civiles en Cajamarca".
Así mismo, se refirió a los hechos de la llamada masacre de Jamundí, Valle del Cauca, sobre los que indicó que “el ministro Camilo Ospina, con mi apoyo, hizo el convenio con la Fiscalía para que este ente asumiera el inicio de investigación en cualquier caso de bajas. Esa decisión de transparencia fue interpretada por retirados de las FF.AA. como una derogatoria de la Justicia Penal Militar, y, por otro lado, la Fiscalía llegó al exceso de hacer de cada levantamiento de cadáver un auto de cabeza de proceso contra soldados de la Patria”.
Con respecto a los falsos positivos que se presentaron en Soacha, el exsenador argumentó que "me reuní con las madres de Soacha, dije al país lo que les escuché, afirmé que nada justifica el asesinato. Un grupo de madres de Soacha, diferentes a quienes acudieron a la Presidencia, me denunció hace poco ante la Corte Suprema en razón de que en redes repetí lo que había dicho como Presidente. Acepté retirar lo dicho en conciliación en la Corte por respeto al dolor de las madres".
Añadió que "siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros desmovilizados, sin el costo institucional, ni la impunidad total del reciente mal llamado proceso de paz. En nuestro Gobierno las capturas fueron 36363 y las bajas 13992". El expresidente asegura que lo acusan de "acosar mucho" en pro de los resultados, "qué tal que no, acosé lo mismo a los ingenieros para que avanzara la Malla Vial del Valle del Cauca como a las Fuerzas Armadas para que le garantizaran tranquilidad a la ciudadanía. El afán de eficiencia no es excusa para violar la ley. La inacción me habría evitado la acusación, pero el terrorismo se habría acercado a la toma del poder", puntualizó.
Finalizó el comunicado indicando que "no hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación, y creo ser uno de los colombianos, que como Gobernador y Presidente, más ha hablado con integrantes de las Fuerzas Armadas".
La estrategia de priorización de la Justicia Especial para la Paz, JEP, se realiza con el objetivo de que se identifiquen en primera medida los partícipes, determinantes y máximos responsables a nivel local, para luego determinar quienes son los máximos responsables a nivel regional y nacional.
Se espera que en la segunda fase de la investigación se analicen los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros. COLPRENSA