Triple A: el patrimonio de todos regalado a unos pocos

Por: Dany Oviedo Marino

La decisión tomada por el Concejo de Barranquilla de entregar la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo a la empresa Triple A durante las próximas dos décadas invita a una reflexión profunda que va mucho más allá de las cifras técnicas o los comunicados oficiales. A primera vista, la promesa de estabilidad operativa y seguridad jurídica suena como un bálsamo para el crecimiento de la ciudad; sin embargo, cuando nos detenemos a observar el fondo de esta maniobra, surgen interrogantes inquietantes sobre lo que realmente estamos sacrificando en el altar de la eficiencia financiera.

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Lo primero que debemos asimilar es que la infraestructura —esa red invisible de tuberías y plantas que permite que el agua llegue a cada hogar— es el activo más valioso de los barranquilleros. Al cederla, el Distrito no solo está extendiendo un contrato, sino que está renunciando a la propiedad directa de las herramientas que garantizan la vida en el territorio. Es, en esencia, como si el dueño de una casa decidiera regalarle los muros y los cimientos a quien hoy le administra el arriendo, bajo la promesa de que así será más fácil pedir un préstamo para pintarla. El riesgo es evidente: si el administrador falla, el dueño ya no tiene a dónde volver porque ha entregado la esencia de su propiedad.

Este escenario se vuelve aún más espinoso cuando analizamos la composición accionaria de Triple A. Es de conocimiento público que, aunque el Distrito es el socio mayoritario, existe un 32% de la empresa que está en manos de capital privado. Al transferir la infraestructura pública a la compañía, estamos inyectando un valor inmenso a una entidad donde terceros particulares obtienen beneficios directos. En la práctica, esto significa que una parte considerable de los activos que fueron construidos con el esfuerzo y los impuestos de todos los ciudadanos está pasando a engrosar el patrimonio de unos pocos privados de forma gratuita. No es solo una movida contable; es un regalo histórico de infraestructura pública a intereses particulares que ahora verán sus acciones valorizadas sin haber invertido un solo peso de su propio bolsillo.

Desde la perspectiva del ciudadano que paga mes a mes su factura, el panorama no es menos preocupante. La Ley 142 de servicios públicos permite que las empresas operadoras trasladen ciertos costos de inversión y remuneración de activos directamente a las tarifas. Al ser Triple A la dueña legal de la infraestructura, se abre la puerta para que el costo de mantenimiento y reposición de esos activos se refleje de manera más agresiva en los recibos de agua y alcantarillado. El riesgo de que el bolsillo del barranquillero termine financiando el fortalecimiento patrimonial de una empresa mixta es una posibilidad real que no se puede ignorar con simples promesas de mejora en el servicio.

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Finalmente, esta cesión nos deja en una posición de vulnerabilidad política y técnica. Al entregar el control por 20 años, estamos hipotecando la capacidad de maniobra de las futuras administraciones. Si en una década las condiciones cambian o si surge una tecnología que haga el servicio más barato y eficiente, la ciudad estará atada a un operador que es dueño de "los fierros", eliminando cualquier posibilidad de competencia o de renegociación desde una posición de fuerza. Estamos firmando un cheque en blanco que compromete no solo nuestros recursos, sino también la soberanía sobre nuestro recurso más vital. La pregunta que debemos hacernos no es si la empresa necesita ser más fuerte, sino por qué esa fortaleza debe construirse despojando a la ciudad de su patrimonio y entregándolo, en una proporción nada despreciable, a manos privadas.