Tras varias horas de versiones difundidas por medios de comunicación, la Superintendencia Nacional de Salud informó este martes que ordenó una “intervención forzosa” para administrar a la EPS Sanitas.
El encargado de comunicar la medida fue el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por medio de un video publicado en la cuenta oficial de X de la Superintendencia, en el que expresó que es una acción tomada en ejercicio de las funciones de la entidad.
“En ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, acaba de tomar posesión de los bienes, saberes y negocios de la EPS Sanitas, y ordena la medida de intervención forzosa administrativa”, indicó el funcionario del Gobierno.
La intervención, dijo Leal, tendrá un período de un año e implica que el propio Gobierno será el encargado de administrar distintas funciones de la EPS, que cuenta con más de 5,7 millones de usuarios, lo que la convierte en una de las más grandes en Colombia.
Según el superintendente, la decisión se basó en “el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el Comité de Medidas Especiales desarrollado en el interior de la Superintendencia”.
Aunque no entregó más detalles de fondo que motivaron la drástica determinación, Leal pidió a las personas afiliadas a Sanitas “que tengan la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar”, por lo que no deben acudir a ningún trámite burocrático.
“Esta intervención se toma con el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población, así que este mensaje es uno de tranquilidad”, puesto que “no se está acabando la EPS”, precisó el superintendente, quien enfatizó en que funcionarios y usuarios pueden continuar con sus labores en normalidad.
Sanitas es una entidad prestadora del servicio de salud de propiedad del grupo Keralty SAS, un conglomerado de empresas privadas con presencia en Colombia, Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, Filipinas y República Dominicana.
El superintendente de Salud afirmó que hay “errores” en el sector administrativo de la EPS, por lo que la intervención del Gobierno resulta necesaria para “corregirlos”. COLPRENSA