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Registrador pide que grupos armados no intervengan en elecciones



El día en que inicia de manera formal la campaña para las elecciones del 29 de octubre, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, hizo un llamado al gobierno nacional para que intervenga ante los grupos armados ilegales con los cuales adelanta diálogos para que no intervengan, de ninguna forma, en el proceso electoral en el país.


La petición, según Vega, la hace con base a los propios informes de la Policía Nacional que han reportado que en al menos cuatro municipios del país los grupos ilegales han obligado a que salgan de ellos sus alcaldes, lo cual en criterio de Vega sería el factor principal para no realizar elecciones en esos territorios. Los cuatro municipios en donde no pueden entrar los alcaldes son Cartagena del Chairá, Caquetá; San José del Palmar, Chocó, Puerto Guzmán, Putumayo y Sipí, Chocó.



Vega en una carta al presidente Petro, al ministro de la Defensa, Iván Velásquez y al comisionado Danilo Rueda, sostiene que “es mi deber recomendar, como responsable de la dirección y organización de las elecciones y de la manera más respetuosa, que en el marco de los acercamientos y conversaciones vigentes y futuras con cualquier tipo de organización ilegal, de conformidad con las declaraciones del señor Ministro de Defensa Nacional del día 25 de junio, se incluya dentro de las reglas, compromisos y términos contenidos en los protocolos acordados del diálogo de ceses al fuego, negociaciones o sometimiento a la justicia, la obligación inquebrantable para los grupos al margen de la ley de no interferir en los comicios en curso”.


Recuerda que hace referencia a la interferencia que podría hacer los grupos Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC– Clan del Golfo, Estado Mayor Central FARC-EP, Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada –ACSN–, las FARC-EP, Segunda Marquetalia y el ELN.


“Bajo este contexto, es que el requisito previo e indispensable para mantener un ambiente de seguridad y equidad electoral entre todos los actores políticos en contienda, es contar con el compromiso, verificable en la medida de las posibilidades, por parte de todas las organizaciones ilegales con las que se tienen diálogos de paz o de sometimiento a la justicia, de no promover, financiar o vetar candidaturas o partidos, amenazar, constreñir o coaccionar, entre otras acciones encaminadas a concretar injerencias indebidas en las diferentes actividades del calendario electoral”, dice en la misiva Vega.


Recuerda en concreto que “el riesgo y materialización de esta ilícita interferencia en las elecciones por parte de estos grupos puede empezar a concretarse, con mayor intensidad, en la inscripción de cédulas o electores, en curso, y que contará con un periodo especial de inscripción en puestos de votación del 5 al 13 de julio de 2023; y a partir del cercano periodo de inscripción de candidaturas, que inicia el próximo 29 de junio y culmina el 29 de julio de 2023, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011, fecha en la que inicia formalmente la campaña y propaganda electoral empleando el espacio público y en el que los candidatos en acción proselitista y funcionarios electorales pueden verse más expuestos o amenazados”.



Para el registrado, lo solicitado es un mínimo de voluntad de paz de parte de los grupos al margen de la ley y “un acto de lealtad con la mesa de diálogo y la vida civil a la cual pretenden reintegrarse, el incumplimiento de estos mínimos compromisos, amenazan el derecho a elegir y ser elegido de los ciudadanos, el interés general, las libertades públicas y la democracia colombiana en su conjunto”.


El registrador nacional precisó además que las acciones violentas que se presentan en diferentes partes del país, que han sido advertidas por los gobernadores del país, tienen en riesgo en el momento que hay 14.000 mesas de votación que estarían en riesgo si las actividades violentas siguen. COLPRENSA

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