top of page

¿Qué pasa si la Corte Constitucional rechaza la reforma pensional?

Foto del escritor: Acta DiurnaActa Diurna


Lo que queda de enero y febrero va a ser de alquilar balcón en la Corte Constitucional. Este alto tribunal está a semanas de dar su fallo con respecto a una demanda de inconstitucionalidad que radicó hace meses la senadora Paloma Valencia en contra de la reforma pensional. Esta no es solo la gran apuesta del Gobierno durante 2025, porque el 1 de julio debe comenzarse a aplicar, sino que también es predecible que se convierta en uno de los principales argumentos del Pacto Histórico para las elecciones de 2026, pues en la práctica gracias a que el Estado comenzará a recibir las cotizaciones de todos los que hoy trabajan el presidente Gustavo Petro, según ha dicho, le va a entregar un subsidio de 223.000 pesos a 3 millones de adultos mayores que hoy solo reciben 80.000 pesos, no tienen pensión y están en la línea de la pobreza.



La demanda de la senadora Valencia alega que en el Congreso se violó el principio de consecutividad, en la medida en que la Cámara de Representantes acogió el texto aprobado por el Senado de la República, sin que se diera debate, ni la explicación de los ponentes de las diferencias existentes con respecto a lo que se había aprobado ni tampoco se permitió deliberar sobre las más de 700 proposiciones presentadas por los congresistas. Es decir, los representantes no tuvieron, como obliga el artículo 153 de la Constitución, la oportunidad de presentar sus propias ponencias, debatirlas y ser una cámara independiente del Senado.


Durante las próximas salas plenas se va a decantar la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que estudió el tema y ya tiene lista su decisión, pero se aplazó la discusión porque la senadora presentó una recusación en contra del magistrado Vladimir Fernández, para que no participe en la discusión, toda vez que fue el secretario jurídico del presidente Gustavo Petro.


Luego de hablar con varias fuentes en la Corte, se conoció que este trámite no debería demorarse más de un mes y el escenario es de mucha tensión frente al Gobierno. Si en la ponencia de Ibáñez se concluye que la ley de la reforma pensional es inexequible, lo que es sumamente probable por la evidencia de la ausencia de debate en la Cámara, quedan dos caminos: que el magistrado considere que el daño en el proceso de la reforma es subsanable, y con ello entonces la reforma regrese al Congreso para que cumpla con la Constitución y tenga el debido debate en la última plenaria, o que considere que es insubsanable y entonces los magistrados tengan que votar si le tumban o no la reforma al presidente.


La Corte ha tenido debates parecidos en la forma, como el que dio sobre la reforma tributaria del 2023 tumbándole varios artículos al Gobierno, especialmente en las regalías, pero con la conformación que tiene hoy la Sala Plena y la posesión que acaba de darse de Miguel Polo, un magistrado elegido con todo el apoyo del Pacto Histórico, es posible que la decisión sea salomónica y la reforma quede otra vez en manos de los congresistas.


Si eso ocurre los titulares de la prensa deberían ser: Reforma pensional no es un hecho pues debe ser debatida otra vez en el Congreso. Eso para el presidente Gustavo Petro y su agenda con la reforma a la salud y la reforma laboral en veremos sería un golpe y un retraso en su propósito de empezar a entregar resultados finales este año.


“Esa puede ser una salida pragmática y es tirarle el balón otra vez al Congreso. No le da pie al presidente para que reaccione contra la Corte en un tema sensible que es el de los adultos mayores. Es decir, no se tumba la ley sino que se acepta que se cometieron unos errores y se regresa al Congreso para que se subsane”, dijo una fuente enterada de la discusión.


La Corte hoy está conformada por magistrados que han tenido coincidencias en varios temas con el Gobierno y es difícil que acepten una ponencia de inexequibilidad total, o sea que no tenga la moderación de regresarla al Congreso para que se corrijan los errores, sino que diga que la ley es totalmente inconstitucional. En ese caso, si la ponencia del magistrado Ibáñez (la máz avanzada hasta ahora) concluyera esa tesis y la sala no estuviera de acuerdo, tendría que rotarse la ponencia al siguiente magistrado para volver a proyectar la decisión de la sala plena.



En plata blanca esto significa que aunque el país ya está alistando todo lo necesario para la ejecución de la reforma a partir de mitad de año, todavía no puede cantar victoria y la decisión final está en manos de los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Curiosamente, ayer el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, comentó en este diario que el gobierno estaba atrasado en la reglamentación para poner a marchar la reforma.


Allí será una controversia difícil de sortear, pues se trata de un tema sensible y que en su esencia busca entregarle un ingreso a millones de adultos mayores que no tienen garantizadas las condiciones para una vejez digna. Pero al mismo tiempo, el afán de aprobar la reforma y de ponerla en marcha este julio, cuando todavía no parece estar listas las instituciones, ha sido interpretado como un interés electoral de parte del presidente Gustavo Petro para que la distribución de los subsidios coincida con la campaña. Sin embargo, todo está por verse. Poner a funcionar un nuevo sistema no es fácil y el Gobierno no ha brillado por su eficiencia. De otro lado, los expertos han dicho que la forma de entregar esa transferencia definida por la administración (a partir de las cotizaciones en los fondos privados) crea un mecanismo riesgoso para la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. COLPRENSA

Kommentare


bottom of page