En un documento de 25 páginas firmado por la procuradora general, Margarita Cabello, el Ministerio Público le entregó un concepto a la Corte Constitucional para que declare inconstitucional el decreto con el que el presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de La Guajira.
Entre las razones para tumbar el decreto, la jefe del Ministerio Público señaló que se está declarando una emergencia con base en hechos que en realidad no son sobrevinientes por lo que pueden ser atendidos a través de otros mecanismos ordinarios.
Es decir que, según Cabello, sin desconocer la crisis de acceso a los servicios básicos vitales en La Guajira, es más bien una problemática que responde a factores estructurales porque lo que debe ser superada por medio de buena gestión de los instrumentos ya establecidos. Eso sin necesidad de darle facultades extras al Gobierno.
Por ese motivo, Cabello señaló que en realidad la apuesta de Petro con el decreto tiene una suerte de “instrumentalizar” la crisis. “Resulta inadmisible la pretensión del presidente de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, desestimando las medidas a su alcance”, expresa.
La procuradora señaló que el Ministerio Público no desconoce la situación que enfrenta esa región del país, por el contrario, un grupo especial designado por la entidad viajó hasta la zona para hacer un llamado a otras entidades en la búsqueda de soluciones.
Sin embargo, la Procuraduría destaca que no es una problemática emergente, por lo que requiere una solución por las vías normales previstas en la Carta Política. “Este pronunciamiento se limita a retomar la doctrina que prohíbe la utilización expansiva de los poderes excepcionales de la emergencia para resolver problemas crónicos o estructurales, sin que ello quiera decir en modo alguno que éstos deban quedar huérfanos de consideración por parte de las autoridades”, puntualizó la jefe del órgano de control.
“Para la Procuraduría es urgente que se haga una caracterización de toda la población, y se planteen soluciones para estas 12.000 personas, iniciando por la definición si es posible que se queden o serán reubicados, para posteriormente buscar soluciones a la falta de agua potable, se evacuen las aguas negras y los cúmulos de basuras para garantizar la vida de esta comunidad y poder trazar un plan de acción para el restablecimiento de sus derechos”, aseguró Sarmiento. COLP
“También debe implementar eficazmente la política pública diseñada para responder a las dificultades crónicas que afectan la región y acudir a las medidas especiales para la gestión del riesgo, calamidades y desastres por factores climáticos contenidas en la ley que regula esa materia (Ley 1523 de 2021)”, destacó la entidad.
Uno de los territorios más afectados en esa región del país es el asentamiento La Pista, al que la Procuraduría ya le puso la lupa para atender la situación. Precisamente, este lunes, el Ministerio Público anunció una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel para definir medidas inmediatas y restablecer los derechos a la comunidad del asentamiento ubicado en el municipio de Maicao.
La decisión se tomó luego de que la Procuradora Margarita Cabello enviara a la zona una Comisión Especial para corroborar las precarias condiciones en las que viven más de 12.000 personas, sin acceso al agua, sin alcantarillado, servicios de salud, ni educación, y que afrontan amenazas permanentes de desalojo, tal y como lo verificó el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
“Para la Procuraduría es urgente que se haga una caracterización de toda la población, y se planteen soluciones para estas 12.000 personas, iniciando por la definición si es posible que se queden o serán reubicados, para posteriormente buscar soluciones a la falta de agua potable, se evacuen las aguas negras y los cúmulos de basuras para garantizar la vida de esta comunidad y poder trazar un plan de acción para el restablecimiento de sus derechos”, aseguró Sarmiento. COLPRENSA