¿Posibles vicios de corrupción en el distrito de Barranquilla?

Por: Jorge Vergara Carbó

Desde hace años, distintas organizaciones cívicas, ONG, Veedurías ciudadanas, portales de periodistas, se han pronunciado ante la falta de control político, administrativo y financiero del Concejo Distrital, de la Personería y Contraloría, como también a la demora o falta de investigación por parte de los entes de control de carácter nacional, al igual que la demora y falta de imparcialidad del aparto judicial. En estos 18 años, las denuncias han sido de todo tipo ante los organismos competentes y ante la justicia, y a la fecha no se conoce un solo fallo condenatorio o del inicio de una investigación. Incluso casos donde la justicia se ha pronunciado por hechos de corrupción en delitos tipificados en código penal colombiano como prevaricato con relación a la utilización de los recursos de la contribución Portuaria para fines diferentes a lo establecido por la ley “saneamiento básico y arborización”, y a la utilización de vigencias futuras excepcionales sin estar contempladas en su plan de desarrollo. De nada sirvieron esos fallos, a la Procuraduría y Fiscalía para por lo menos iniciarle una investigación formal y por supuesto mucho menos para dictar condena al alcalde de turno y sus funcionarios.

Lo anterior, no ha sido motivo para que diversas organizaciones, desde distintos escenarios sigan denunciando los “posibles” vicios de corrupción, que se siguen dando en el Distrito de Barranquilla sin que procedan las organizaciones encargadas de iniciar las investigaciones de los mismos, como tampoco de parte de los funcionarios de corregir los errores o posibles vicios de corrupción impetrando las denuncias respectivas como es su deber ciudadano.

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Como aporte a la administración Distrital, para que su nivel de recaudo se incremente y no tenga necesidad de aumentar las tasas impositivas, como los avalúos catastrales nos permitimos relacionar varios impuestos o contribuciones, donde “posiblemente” se estén cometiendo errores o actos de corrupción, para que el Distrito, tome cartas en el asunto, al igual que los organismos de control, incluyendo al Concejo verifiquen las denuncias, hagan los correctivos del caso y sancione a los responsables.

Para ello, debe hacerse una auditoria forense a la Oficina de Ingresos, del catastro y de las Curadurías Urbanas, que revise la base de datos que están utilizando y corrijan las anomalías que encuentren, muchas de las cuales se han denunciado desde hace años. En las Curadurías auditar uno por uno sus registros, sus licencias de construcción, el monto recibido y el valor de las distintas edificaciones. ¿Algina vez el Distrito, o el Concejo han pedido esos estudios?

Alcalde, Gerente de Ciudad, Secretaría de Planeación, Oficina de Espacio Público, Director de Movilidad, entre otros , ustedes son los responsables de otorgar las autorizaciones para distintas actividades que se desarrollan en el casco urbano de Barranquilla, entre ellos le preguntó a la administración, quién autorizó la construcción de la urbanización de la calle 79 con carrera 75 a 77, “Batallón Nariño”, llevan construidos cinco bloques, con más de 30 apartamentos por bloque, sin vías de comunicación, sin parque, sin acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, sin mobiliario urbano y sin conocer que lote le entregaron al Distrito como compensación, y para rematar le roban media cuadra a una calle altamente traficada, sin tener que pagar un solo peso. Un sitio donde se pensaba construir el parque pulmón que necesita la ciudad. Hoy no hay parque, porque la excusa para cambiar el uso del suelo y enriquecerlos era que como el Distrito no tenía plata para comprar el lote al Ejército, Constructora Bolívar levantaba en parte de ese lote unos edificios, y con su venta construiría el parque que los barranquilleros anhelaban. Un engaño más a la ciudad y nadie, dice nada. No pagaron plusvalía, no entregaron lote alguno, no hicieron plan vial y lo peor, llevamos años denunciando este hecho al igual que se denunció lo de la ciudad de Alameda del Río y Ciudad Mallorquín, ciudades donde se han cometido todos los delitos habidos y por haber por parte de los funcionarios involucrados, porque esas urbanizaciones, no son urbanizaciones son ciudades, y como ciudades deberían contar con todo el inmobiliario que debe tener una ciudad, es decir, como la tiene Barranquilla, o Soledad o Puerto Colombia. No les cobraron plusvalía, y para rematar con plata de los barranquilleros y porteños se construyeron las vías necesarias para interconectarlas con el casco urbano de Barranquilla. Enriquecieron a los constructores, sin razón para hacerlo.

A continuación, presentamos algunos detalles de los “posibles” actos de corrupción en algunos impuestos y contribuciones más representativas, para que investiguen, corrijan y sancionen tanto la administración Distrital, como los organismos de control y por supuesto el Concejo ejerza su control político:

1. La Plusvalía. Todos los años la presupuestan y no la cobran. El Distrito para cobrarla contrato dos (2) estudios, con una firma antioqueña, no sabemos el costo, pero al no aplicarlo esos estudios se convierten en un detrimento patrimonial. El desarrollo urbano de Barranquilla hacia arriba, se hizo posible al modificar el uso del suelo, al igual que pasar de lote rural a urbano. Ese solo cambio, aumenta de valor la tierra sin que el propietario haya hecho esfuerzo alguno, es decir se enriquece y lo justo, es que ese beneficio extra lo comparta con el Distrito, entidad que cuenta con un acuerdo aprobado desde el año 2007. El gran beneficiado al no cobrar la plusvalía, son los señores de Argos dueños de la tierra de la ciudad, como también las firmas urbanizadoras. ¿Cuánto por este concepto hemos dejado de recaudar? Billones de pesos.

2. Impuesto de Delineamiento. Lo recaudado por el Distrito no concuerda con la realidad de lo que ha sido, el desarrollo urbano de la ciudad. Este impuesto lo liquida y cobra la Curaduría Urbana, y es el 3% del valor de la obra y pagado por anticipado el 2.5%, para poderle otorgar la licencia de construcción. El resto cuando se termine la obra. En una denuncia que se hizo sobre este impuesto, encontramos revisando las ejecuciones presupuestales del año 2007 a septiembre de 2025, que el Distrito recaudo $218.748 millones. Lo que quiere decir, que, en 18 años, el desarrollo urbano dado en Barranquilla fue de un valor de $7.3 billones. ¿Ustedes creen que ese sea el valor real del desarrollo urbano de la ciudad en estos 18 años? Buenavista 1,2 y 3; Villa Country; Santa Mónica; Villa Santos: Miramar; La Castellana; Alto del Prado; Riomar; El Gol; Santa Mónica; Alameda del Río; Springer; Batallón Paraíso (constructora Bolívar), y toda la circuvalar y sur y suroccidente de la ciudad. Vale eso $7.3 billones. ¿Quién controla a los curadores urbanos? ¿Cómo entregan una licencia de construcción sin antes pagar el impuesto? Para referencia, la sola Constructora Amarilo en Alameda del Río, declaro que lo construido por ellos tiene un valor de $3 billones, lo que indica que Alameda del Río, con todas sus viviendas debe tener un costo de $6 billones o más, apartamentos bajos de precios, entonces cuanto costaron los tres centros comerciales Buena vistas y todos los edificios a su alrededor $ 12 billones, y cuanto costaron todas las edificaciones $50 billones, si eso es así, quién o quiñes se quedaron con esa plata. ¿Solo los constructores? ¿Podrán los organismos de control y el Distrito auditar los ingresos de las curadurías?

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3. Caso AMARILO. Esta muy ligado con el impuesto de Delineamiento urbano. Resulta que los señores de Amarilo, tenían que pagar por delineamiento urbano la suma de $90.000 millones (lo que significa que sus edificios construidos en Alameda del Río, se liquidaron por un valor de $3 billones), dinero que no pagaron y a pesar de ello, el curador urbano le otorgo la licencia de construcción. No entendemos cómo pudo suceder esto, si el requisito para otorgar la licencia es que haya pagado el 2.5% del presupuesto de la obra. Pero para complementar la faena, el señor alcalde Alex Char con la Gerente de Ciudad, autorizaron a la Empresa Amarilo, para que con esa plata construyeran el interconectador de Alameda del Río con el barrio Miramar, a un costo de $90.000 millones. En este caso, hay varios indicios de corrupción, el primero que esa obra tenía que hacerse con recursos del urbanizador (Argos) o de los constructores, porque ellos son los únicos beneficiados. Segundo los recursos de delineamiento urbano son de libre destinación del Distrito, por lo que esos recursos deberían destinarse para otros fines y no para beneficiar a los constructores y urbanizador de Alameda del Río. Esto constituye un detrimento patrimonial para el Distrito y enriquecimiento a terceros. Igualmente, la ampliación de la carrera 43, hasta la circunvalar ha debido hacerse con recursos del urbanizador y constructores de ese proyecto, y no con plata de los barranquilleros.

4. Caso Urbanizadora Bolívar. Proyecto Batallón Nariño. Ubicado calle 79 con carreras 75 y 76, detrás del Batallón Nariño, han construido una ciudad, sin el lleno de los requisitos urbanísticos, sin un plan vial, ni tratamiento de aguas residuales, las cuales son depositadas directamente al río Magdalena, sin vías internas, parques, puestos de salud, y sin entregarle al Distrito la compensación que por ley debe entregarle de un lote para que el Distrito construya lo que crea conveniente, como tampoco pagaron la plusvalía al cambiarle el uso del suelo de ese lote que era industrial y para completar las irregularidades, el Distrito decidió por su cuenta eliminar un carril de la calle 79, de alto tráfico porque conecta con la vía 40, para darle salida a esa urbanización distinta a la de utilizar la vía 40. Esta irregularidad solo se ve, en Barranquilla. Del parque se olvidaron.

5. Caso Predial. Los casos denunciados están relacionados con supertiendas Olímpicas y SAO, Isimos, Ara, D1, muchas aparecen registradas como residenciales siendo que hay varias Olímpicas, caso de la calle 98 con carrera 55 y 56, calle 82 carrera 53 y 52, calle 76 carrera 49C, entre otras. Algunos lotes lo registran como parqueaderos sin serlo, para no pagarlo como urbanizado no urbanizado cuya tasa es del 33 x 1.000. Caso Lote de calle 94 con carrera 51B esquina. El caso especial es Argos. Es posible que sus predios de la vía 40 hasta Buena Vista y la Circunvalar el Distrito los esté registrando como comerciales o industrial, cuando son lotes urbanizados no urbanizados, que deberían pagar el 33 x1.000 y no el 9.5 x1.000. Ya en el lote de la vía 40, no hay industria, la desmontaron y montaron un depósito de carbón a cielo abierto que contamina la ciudad. ¿Tiene licencia ambiental el lote como la concesión portuaria para el manejo del carbón?

6. Caso impuesto Espectáculos públicos al Deporte. Lo recaudado estos 18 años, fueron $11.374 millones, con un equipo junior que llena el estadio, con los carnavales cuyos palcos y escenarios bailables llenados a reventar, para mayor ilustración en el 2024, se recaudaron $2.004 millones, y a septiembre del 2025, $941 millones. Por alquiler de los escenarios deportivos a los equipos profesionales Junior, Caimanes, el Distrito no recibe un solo peso, así lo demuestra su ejecución presupuestal.

7. Caso ciudad Alameda. Esta urbanización de más de 100.000 personas habitándolo, tiene mayor población que todos los municipios del Departamento del Atlántico, a excepción de Soledad y Malambo. Este proyecto no es un barrio, es una ciudad. Al aprobar el Plan Parcial, que incluye un Plan Vial, el Distrito tenía que saber, que esa urbanización no era un Barrio, sino una ciudad por el número de personas que lo habitarían. De haberlo hecho los urbanizadores tenían la obligación de construir con sus recursos, todo el amoblamiento urbano que requiere una ciudad (hospitales, puesto de salud, central de policía, colegios públicos, bibliotecas, parques, vías de comunicación, planta de tratamiento de aguas residuales, acueducto y comunicación con el entorno). Nada de eso se ha hecho, ni siquiera construyeron los parqueaderos para sus habitantes. Nadie responde por este error, si es que se puede considerar error al enriquecer a terceros. En la Florida tenemos ejemplos de ciudades como TAMARAC que tiene 75.000 habitantes, no es un barrio es una ciudad, que cuenta con alcalde, policía, hospitales, colegios, parques, cancha de gol, centros comerciales y edificios con altura máximo de cuatro pisos y por supuesto todo el amoblamiento urbano de una ciudad. En Barranquilla y Puerto Colombia permitimos que vivan más de 100.000 personas, en una urbanización sin el amoblamiento urbano que requieren ese número de personas. ¿Eso cómo se puede calificar error o corrupción?

8. Caso EDUBAR Y PUERTA DE ORO. Ambas entidades contratan por el derecho privado, y son utilizadas por el Distrito y la gobernación del Atlántico para contratar especialmente con EDUBAR, para evadir los requisitos exigidos por la Ley de contratación de Colombia, que no es que sea muy exigente al momento de contratar. Recientemente el Portal “Corrupción Al Día” denunció lo de la segunda parte de la llamada “La Gran Vía” la cual contrato EDUBAR Por $94.720 millones, con la firma que lideran los hijos de Sergio Torres” Consorcio Corredor Vial F2”, obra que ha debido terminarse hace un año, y a la fecha sigue inconclusa, a pesar de haber sido financiada con recursos del OCAD y regalías gestionadas por la gobernadora Elsa Noguera, sin que EDUBAR imponga sanciones económicas y menos le declare la caducidad al contratista. El gobernador Verano tampoco dice nada. La otra obra es la del “CAÑO DE LA AHUYAMA” ha debido terminarse en el año 2023, y a la fecha esta paralizada, contratada por EDUBAR con recursos de la Nación. No le declaran caducidad al contratista, ni se le sanciona. No hay control sobre las actividades de ambas entidades, contratan a dedo. El caso más reciente es la contratación a dedo por parte de Puerta de Oro, del proyecto “Luna del Río “con la firma italiana Fabbri Gropup, la firma H&M, y el montaje con la firma de la familia Vargas (Smart Steel), contrato denunciado por el ciudadano Samuel Tcherassi, con pruebas contundentes, como por los portales Silla Vacía, Contratopedía Caribe y el abogado Renzo Monsalve de posibles sobre precios y coimas. Tampoco han valido las denuncias de la Asociación Don Bosco, la Veeduría de la Chinita que lidera el abogado Wilson Mantilla, ni las denuncias del padre Bernardo Hoyos. En la ciudad, parece ser que EDUBAR y PUERTA DE ORO pueden hacer lo que quieran, porque son intocables, ambas manejadas por la gerente de ciudad Ana María Aljure y por supuesto por el alcalde de turno. El Concejo y organismos de control, miran siempre para otro lado, menos al interior de esas entidades.

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Por último, decirle al Distrito, que hoy muchos avalúos están por encima del valor comercial de las viviendas o locales comerciales, y que igualmente la ciudad no puede seguir perdiendo competitividad aumentando los impuestos por encima de la capacidad de pago de los contribuyentes.

Lo que se requiere, es que los funcionarios públicos del Distrito de planta o contratados por una OPS, trabajen con eficiencia y pulcritud para que el ciudadano pague los impuestos que le corresponden, sin privilegio alguno y por supuesto que el Distrito haga un buen uso de esos recursos, que son escasos y por ello, los debería gastar en proyectos que generen el mayor beneficio social como debe ser. Para lograr lo anterior, tiene que cambiar de mentalidad y de actitud, enfrentando proyectos y tomando la mejor decisión para la ciudad.

LOS IMPUESTOS HAY QUE PAGARLOS, PERO EL DISTRITO TIENE QUE COBRALES A TODOS LO JUSTO Y UTILIZAR BIEN ESOS RECURSO QUE SON SAGRADOS.