¿Pasó el miedo a la dictadura o entramos al ´modo dictadura´?

Por: Nerio Luis Mejía

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia generó fundadas esperanzas en un sector de la ciudadanía y profundas preocupaciones en otro. Esta división agudizó una polarización entre la simpatía irrestricta y la oposición tajante, dinamizando un relato sobre el presunto colapso del modelo democrático o el advenimiento de un régimen autoritario. No obstante, las instituciones republicanas se mantuvieron vigentes. Durante dicha administración, el Estado colombiano sostuvo una línea de política exterior centrada en la autodeterminación de los pueblos y el respaldo a organismos e instancias judiciales internacionales, desarmando de forma progresiva las narrativas que vaticinaban la ruptura del orden institucional.

Lea también: No olviden los políticos que gobernar es el arte de servir

A pesar de ello, el discurso del colapso democrático se sostuvo de manera persistente en la esfera pública. Sectores que se posicionaron como guardianes de la moral pública y del conocimiento republicano insistieron en el riesgo electoral como eje de movilización política. Bajo este argumento, se consolidó la candidatura que prometía encarnar los valores institucionales y la restauración del orden, y que hoy ocupa la jefatura de Estado en cabeza de Abelardo De la Espriella.

Si bien durante el mandato anterior se registraron episodios complejos respecto a las tensiones con la libertad de prensa —una constante histórica en los gobiernos colombianos que exige vigilancia crítica continua—, las decisiones recientes de la actual administración generan incertidumbre sobre el rumbo de las garantías democráticas.

Resulta motivo de análisis e inquietud el anuncio del Gobierno nacional de evaluar el retiro de Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI). La desvinculación del Estatuto de Roma —mecanismo del que el país es parte desde hace más de dos décadas— representaría un quiebre en la protección contra crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. En una nación atravesada por el conflicto y la búsqueda de justicia, la jurisdicción penal internacional funciona como una garantía subsidiaria frente a los riesgos de impunidad en la justicia ordinaria. Este eventual repliegue suscita interrogantes sobre si la política exterior responde a una doctrina de soberanía nacional o al alineamiento con posturas geopolíticas restrictivas del multilateralismo.

A este panorama se suman las tensiones en la diplomacia cultural y la libertad de expresión, evidenciadas en la controversia en torno al escritor y periodista Jaime Bayly. La cancelación de su participación en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín —atribuida por los organizadores a limitaciones de agenda e infraestructura, pero percibida por el autor como una represalia a sus opiniones políticas— reabre el debate sobre las garantías para el pluralismo en los espacios públicos y la tolerancia al escrutinio crítico.

Lea también: Colombia: una democracia herida de muerte por la corrupción

Frente a la eventual desvinculación de los tribunales internacionales y las restricciones al debate público, la ciudadanía se enfrenta a una pregunta determinante: ¿quedó atrás el discurso sobre la amenaza autoritaria o se están sentando las bases para un periodo de repliegue institucional y censura?