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¿Para qué ha servido la "Ley Antichancleta" en Colombia?



Han pasado tres años desde la aprobación de la Ley 2089 de 2021, conocida popularmente como la “Ley Antichancleta”, que prohíbe cualquier tipo de castigo físico, trato cruel, humillante o degradante contra niños, niñas y adolescentes en el país.


La normativa, integrada en el Código Civil, busca proteger la dignidad y los derechos de los menores en todos los ámbitos de su vida cotidiana, incluyendo el hogar, las instituciones educativas, y los espacios públicos y virtuales.



La Ley Antichancleta es una legislación que establece la prohibición de cualquier forma de maltrato físico y psicológico contra menores. La norma surge con el propósito de garantizar un desarrollo integral y armónico para los niños y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de especial protección.


La ley también prohíbe los tratos crueles, humillantes o degradantes, abordando no solo el maltrato físico sino también el psicológico, que puede ser igual de perjudicial para el desarrollo de los menores.


Implementación


Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención, contemplada en la ley, ya ha sido adoptada en los 32 departamentos de Colombia. Esta estrategia se basa en cuatro elementos clave: gestión del conocimiento, fortalecimiento de capacidades, participación e incidencia social.


Su objetivo es transformar las normas sociales y comportamientos que validan el castigo físico y los tratos humillantes como métodos de crianza.


Lina Arbeláez, exdirectora del Icbf, expresó que la finalidad de esta estrategia es modificar las conductas y normas sociales que legitiman el castigo físico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, aún persisten desafíos significativos en la implementación efectiva de esta normativa.



El representante Julián Peinado ha señalado en un comunicado reciente los avances insuficientes en la aplicación de la ley. “Sentimos que aún le falta mucho alcance a la Estrategia Pedagógica.


Estadísticas y debate


“Hace falta establecer rutas de intervención en particular y acompañar a las familias para darles todas las herramientas de crianza sin violencia” mencionó Peinado. También destacó la necesidad de mayor apoyo por parte de los organismos de salud y la mejora en la atención y reacción de las Comisarías de Familia y de la Fiscalía ante los casos de violencia contra menores.


Además del aumento de los casos de maltrato infantil, algunas opiniones se han centrado en la pérdida de autoridad por parte de los padres de familia y como resultado, generaciones más problemáticas, con desórdenes mentales y de consumo.


Padres de familia han manifestado que fueron criados ‘con chancleta’ y que sienten que sirvió para sus vidas y que actualmente se complica la manera en que se pueden educar a los menores. Otras opiniones resaltan la posición de que se debe castigar pero no de manera violenta.


Las estadísticas recientes subrayan la urgencia de una implementación más efectiva de la Ley Antichancleta. La primera Encuesta Nacional de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes en 2019 reveló que el 41,5 % de las personas entre 18 y 24 años reportaron haber sufrido algún tipo de violencia antes de ser mayores de edad. Desglosando estas cifras, el 32,1 % experimentó violencia física, el 15,2 % psicológica y el 11,4 % violencia sexual.



Además, datos de Medicina Legal muestran un incremento preocupante en los casos de maltrato infantil, pasando de 27.539 en 2021 a 36.253 en 2022, un aumento del 30%. Especialmente alarmante es el aumento del 44% en las lesiones por violencia intrafamiliar, con 7,831 casos reportados.


La Ley Antichancleta representa un avance crucial en la protección de los derechos de los menores en Colombia. No obstante, la implementación efectiva de esta normativa enfrenta múltiples desafíos.

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