Ola de ataques y explosivos enciende las alarmas de la Defensoría
- Acta Diurna
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A través de un pronunciamiento oficial, la Defensoría del Pueblo emitió un urgente llamado de alerta tras registrar una serie de ataques armados, hostigamientos e incidentes con artefactos explosivos ocurridos en distintas regiones de Colombia. La entidad reportó una escalada de hechos violentos que impactaron de manera directa a la población civil, afectando la movilidad y la seguridad en áreas urbanas y rurales.
Aunque la alteración del orden público se extendió por 11 departamentos, las situaciones de mayor gravedad se focalizaron en los departamentos del Cauca y Nariño. En territorio caucano, violentos combates entre el Ejército Nacional y grupos disidentes dejaron un saldo de al menos cinco personas muertas, reflejando el deterioro del orden público en el suroccidente del país.
Además del Cauca y Nariño, la Defensoría confirmó episodios de violencia y perturbación comunitaria en:
Región Andina y Centro: Antioquia, Tolima, Huila y Caldas.
Caribe y Nororiente: Bolívar, Cesar y Arauca.
Orinoquía y Amazonía: Meta y Guaviare.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación institucional es el modus operandi documentado durante estas jornadas. Se reportaron incursiones con armas de fuego, detonación de explosivos y el uso de tecnología de drones para perpetrar ataques contra instalaciones oficiales, vías de comunicación e infraestructura estratégica.
El riesgo para los habitantes se ha elevado considerablemente debido a que varios de estos eventos ocurrieron en las cercanías de viviendas particulares, locales comerciales y corredores viales de tránsito cotidiano.
"La población civil no puede convertirse en escenario de las confrontaciones armadas. Quienes no participan en las hostilidades deben recibir protección prioritaria e incondicional", enfatizó el organismo defensor de derechos humanos.
A pesar de la simultaneidad de los eventos, la Defensoría precisó que, con la información verificada hasta el momento, no es posible atribuir estas acciones a una ofensiva coordinada a escala nacional, por lo que las autoridades continúan en labores de verificación para determinar los responsables en cada territorio.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo solicitó la articulación inmediata de capacidades institucionales para atender las zonas de mayor riesgo. Para ello, instó a hacer uso del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y de las advertencias territoriales emitidas por la entidad, las cuales permiten prever escenarios de amenaza y diseñar respuestas de seguridad acordes con la dinámica de cada región.
La entidad reiteró la necesidad de combinar las intervenciones de fuerza pública con medidas integrales de prevención comunitaria, garantizando que el abastecimiento, la movilidad y los derechos fundamentales de las comunidades no sigan viéndose comprometidos por el accionar de los grupos armados ilegales.
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