La Defensoría del Pueblo llamó al Gobierno y a la Rama Judicial a ubicar en establecimientos de reclusión del orden nacional a las personas capturadas a quienes un juzgado de garantías les haya legalizado su arresto.
El ente humanitario hizo el reclamo luego del reciente asesinato de un policía en medio de la fuga de trece personas recluidas en la estación de Policía La Minorista, en Medellín, Antioquia. En el mismo hecho otro uniformado resultó herido.
De acuerdo con el defensor del pueblo, Carlos Camargo, ese episodio, "que lamentamos y rechazamos", ocurrió en el contexto de "una irregularidad en la detención dentro de las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata, URI".
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo "considera" que el uso de estaciones de Policía como sitios de reclusión permanente es el resultado de la "falta de coordinación" entre las entidades de la Rama Ejecutiva, los gobiernos locales y la Rama Judicial.
Se trata de un panorama expuesto en la edición quince del informe semestral de seguimiento al estado de cosas inconstitucional. El documento señaló que el Gobierno ha implementado una política de traslados para alivianar la sobrepoblación en centros transitorios.
No obstante, el ritmo de los traslados es lento. Tanto, que la entidad de derechos humanos calcula que tomaría trece años desocupar la estaciones de Policía y las URI. El defensor Camargo le pidió a la Rama Judicial emitir "medidas concretas" al respecto.
Camargo llamó a las autoridades territoriales "asumir la responsabilidad de mantener y custodiar a quienes están detenidos de forma preventiva", sea en centros carcelarios propios o en los custodiados por el Inpec a través de convenios interinstitucionales.
La Defensoría citó datos de la Policía para establecer que, con corte al 25 de febrero de este año, 21.829 personas están recluidas en centros transitorios, lo que significa un aumento del 14,2% frente a 2022.
Esa sobrepoblación "está originando una serie de situaciones que vulneran los derechos, tanto de los detenidos como de sus custodios, cada vez más en peligro por las problemáticas derivadas del propio hacinamiento", mencionó el órgano defensorial. COLPRENSA