Por: Betty Pedraza Lopez
Como en otros años, este 2021 inicia con múltiples llamados al gobierno nacional y a las entidades públicas con responsabilidades en materia de protección y seguridad de las y los defensores de derechos humanos y líderes y lideresas sociales en Colombia. La cantidad de llamados nacionales e internacionales y la diversidad de actores que los profieren no es ya la novedad. Sin embargo, cabe reconocer el aumento de su frecuencia y el progresivo cambio de tono que hoy transita entre la angustia y el acento cada vez más fuerte.
Con mucho tino, Human Rights Watch (HRW), en su último informe, presentado públicamente ayer, señala "lo que no se ha hecho", "lo que se ha hecho y funciona con notorias falencias" y lo que aún "no se ha hecho", ofreciendo ejemplos claros que ponen de presente buena parte de las razones por las cuales no solo continúan los ataques contra hombres, mujeres e incluso niños y niñas que han asumido en el país la defensa de derechos humanos y la representación de las comunidades especialmente rurales, sino que aumentan en cantidad, frecuencia y sevicia.
Pero lo que aún no se dice en voz alta, o con la frecuencia requerida, de lo que la sociedad colombiana, y en particular los medios masivos de comunicación nacionales e internacionales, no hacen eco, es que las comunidades rurales, las organizaciones campesinas y de mujeres, los Consejos Comunitarios y los Cabildos Indígenas de Colombia, no han estado cruzados de brazos mientras la violencia y la muerte los acecha.
La gravedad que reviste la situación actual, hace imperativo que de una vez por todas se escuchen, legitimen y apoyen las múltiples estrategias de protección que las comunidades han puesto en juego, con particular énfasis en aquellas que ya muestran su capacidad y su potencial para proteger integralmente sus vidas como comunidades y como pueblos, su integridad física y emocional –personal, familiar y social- y sus propias organizaciones sociales.
Y para poner la primera piedra y solo a manera de ejemplo, se refieren cinco casos: La Guardia Indígena de Norte del Cauca, la comunidad de Las Pavas, en el municipio del Peñón, sur de Bolívar, el Consejo Comunitario del Guajui, en el municipio de Guapí, Cauca, el de la Organización Femenina Popular, en el Magdalena Medio y el de Montes de María.
Sin entrar en los detalles de cada caso, es conocida, nacional e internacionalmente, la experiencia de protección colectiva de la Guardia Indígena del Norte del Cauca, que, a pesar de las altas cifras de ataques, ha jugado un papel determinante al evitar que la tragedia en su región sea aún mayor a la vivida hasta ahora. En innumerables ocasiones las autoridades indígenas han solicitado la revisión y el ajuste de las medidas de protección que les ofrece la Unidad Nacional de Protección, para que guarden correspondencia con su cultura Nasa y aumenten así su capacidad de protegerlos. Hasta ahora no logran ser escuchados, a pesar de contar con evaluaciones escritas y múltiples llamados nacionales e internacionales que indican la pertinencia de que el Estado concerté las medidas de protección con sus beneficiarios y acoja de manera real un enfoque diferencial indígena.
Las estrategias y medidas de prevención y autoprotección que ha puesto en juego la Asociación de Campesinos del Buenos Aires (Asocab), les han permitido enfrentar con éxito los ataques de una empresa palmicultora, un grupo de seguridad privada y una organización sindical paralela, en un contexto de más de una década de indiferencia y señalamientos por parte de las autoridades locales, policiales y judiciales; han contribuido a disminuir el número de ataques contra la comunidad, han contenido la gravedad de los ataques logrando que en su lucha, de más de 15 años, no se haya registrado ningún desplazamiento forzado definitivo y tampoco el asesinato de sus asociados o líderes. También les han permitido continuar en el territorio defendido, desarrollar un proyecto de retorno con el que recuperan su capacidad de producción y construyen viviendas campesinas en un predio en el que aún está presente la empresa Aportes San Isidro S.A.S. Además, han logrado ampliar su actuación como defensores de derechos humanos representando a otras comunidades de víctimas en el municipio, el departamento y el país.
Por su parte, los conviteros del Consejo Comunitario del Río Guajui, en el Pacífico caucano, construyeron su propia Ruta de Protección Colectiva para el pueblo Afrocolombiano del Cauca y autónomamente aplican las medidas en ella definidas, sin haber recibido apoyo estatal alguno, a pesar múltiples solicitudes. Han construido “Casetas para Remendar la Esperanza”, desde donde avanzan en la apropiación y el control territorial, rescatando elementos claves de la cultura del pueblo negro. Así han evitado, en algunos casos, la instalación de los actores armados entre sus comunidades y, en otros casos, han limitado su tránsito por ellas. También han impedido que estos vuelvan a sustituir a sus autoridades propias en la aplicación de justicia. En medio de un complejo escenario toman un nuevo aire y asumen su rol como defensores colectivos de derechos humanos, especialmente étnico – territoriales. Hacen sentir su voz en la Mesa Territorial de Garantías, los organismos de Derechos Humanos y el cuerpo diplomático internacional.
Los líderes, lideresas, defensores y defensoras de Montes de María, han presentado públicamente una propuesta de protección, rica en elementos de prevención que van desde la “construcción de un mapa de riesgo para atender y solucionar la violencia” hasta “implementar las recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas”, pasando por la “creación de un Fondo para la Vida que atienda el riesgo inminente sobre la vida de los líderes” y “realización de festivales culturales de reconciliación” asignando recursos para su desarrollo. Por supuesto, una propuesta que se aleja de la empobrecida oferta institucional centrada en la militarización de los territorios.
Para terminar la Organización Femenina Popular sorprende con propuestas como “Guardianas de la vida” y “La Comunera”, mediante los cuales, defienden su territorio recuperando y reforestando espacios que antes fueron destinados a la guerra, rescatando en ellos la memoria cultural e impulsando proyectos de plantas aromáticas y eco turísticos que bajo el liderazgo de las mujeres aportan a la construcción de un modelo económico alternativo.
Esta riqueza de experiencias de protección habla de una construcción que transita al margen del Estado, mientras él continúa dando palos de ciego sin lograr poner freno a la situación. Hay en el gobierno nacional actual una decisión política implícita de no escuchar, de reducir la realidad nacional solo a lo que el mismo puede ver y controlar, acompañada de una terquedad ciega. Persiste de su parte una desconfianza hacia las ONG nacionales e internacionales con décadas de experiencia en derechos humanos que extiende a las organizaciones sociales y esto no solo está facilitando el aumento de las violaciones de derechos humanos, sino que ha empobrecido la capacidad social de generar respuestas conjuntas frente a temas que convocan al conjunto de la sociedad.
Sin más excusas es momento de que los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos pidan al gobierno ver e interactuar con su propia sociedad civil, para darle lugar a toda la riqueza y diversidad de propuestas que ha venido construyendo en materia de protección. La situación actual del país, exige del Estado que sea capaz de construir alianzas reales con la sociedad civil, representada en organizaciones y movimientos sociales, antes que señalarla como su enemiga y dejarla a la deriva de los grupos armados que día a día retoman su capacidad de imponer por la fuerza su disciplina, su convicción política e ideológica, sus economías ilegales y sus valores éticos retorcidos.