Más de 700 puestos de votación en 15 departamentos están en riesgo
- Acta Diurna
- hace 1 día
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Tras analizar las recientes jornadas legislativas, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) identificó un complejo entramado de prácticas delictivas que ponen en jaque las próximas elecciones presidenciales. El panorama revela una preocupante radiografía de coacción y control territorial.
El fenómeno de la "paz mafiosa"
¿Qué significa votar bajo una "paz mafiosa"? Según el informe del ICP, titulado Votar con miedo: señales de interferencia y coerción criminal en las elecciones 2026, este concepto define un "orden criminal donde la violencia letal abierta deja de ser necesaria porque el control social ya está consolidado". Bajo esta tensa calma, 15 departamentos y 42 municipios afrontan el proceso electoral bajo una sombra de sumisión que altera el ejercicio libre del voto.
A partir de los reportes de 126 veedores en diversas regiones del país, el centro de pensamiento advierte que este escenario de coacción podría replicarse a escala presidencial si las autoridades electorales y de seguridad no intervienen de manera inmediata.
Invisibilidad, control territorial y compra de votos
El estudio destaca que la interferencia ilegal ha mutado hacia formas menos visibles pero altamente efectivas:
Coerción silenciosa: El 41 % de los observadores (52 en total) reportó la presencia de actores con capacidad de incidir en los comicios. La investigación subraya que estos grupos "se sienten, pero no se ven directamente", manifestándose a través de restricciones de movilidad, control de acceso a los municipios y distribución de propaganda armada.
Alertas preelectorales: El 85,7% de los veedores detectó anomalías previas a las votaciones, principalmente dificultades de desplazamiento e incentivos económicos a cambio del sufragio.
Captura estructural del voto: El informe denuncia que la compra de votos dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un engranaje sistemático. Se documentaron pagos que oscilan entre los $20.000 y $500.000 pesos, condicionados a la entrega del comprobante físico o a fotografías del certificado electoral.
Los cinco departamentos más críticos
Las alarmas principales se concentran en 722 puestos de votación, que representan un censo de 494.434 ciudadanos habilitados y un caudal histórico de 327.196 votos. Asimismo, se detectó un comportamiento electoral atípico en 103 puestos de zonas con fuerte presencia armada, donde los votos en blanco, nulos o no marcados se impusieron de forma sospechosa.
Los cinco casos más críticos de coacción electoral
El documento detalla cinco episodios emblemáticos que ilustran la pérdida de la libertad en las urnas:
San Vicente del Caguán (Caquetá): Se constató la difusión de amenazas por WhatsApp orientadas a obligar a los líderes comunales a exigir el certificado de votación a los habitantes, bajo la advertencia de imponerles "sanciones o multas".
Guaviare: Circuló un panfleto del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc que prohibía el transporte de personas vinculadas a campañas políticas y exigía el certificado electoral como salvoconducto para transitar.
El Tarra (Norte de Santander): La presencia explícita de estructuras armadas en las inmediaciones de los centros de votación generó un escenario inminente de constreñimiento al elector.
Guapi y López de Micay (Cauca): Veedores denunciaron que ciertos líderes comunitarios escoltaban a los ciudadanos hasta las mesas de votación y anotaban en cuadernos la opción marcada, anulando por completo la confidencialidad del voto.
Bajo Baudó (Chocó): Comunidades indígenas fueron forzadas a votar en bloque bajo maltratos. El mecanismo de control exigía regresar con el certificado electoral para reclamar un supuesto "refrigerio" que escondía un pago de hasta $500.000 pesos.
Un llamado urgente a la vigilancia
A pesar de que en múltiples zonas no se logró identificar qué campañas o partidos específicos se beneficiaron de estas dinámicas, el ICP concluye con una advertencia contundente:"La interferencia criminal sobre el voto libre no requiere mostrarse para incidir; le basta con condicionar a quién, cómo y bajo qué condiciones se vota".
Ante este panorama, el instituto instó a la Fuerza Pública, a la Registraduría y a las misiones internacionales de observación a redoblar la vigilancia, enfocándose no solo en el conteo de los votos, sino en el contexto de seguridad y libertad de las comunidades que los emiten.
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