Al anunciar que se construirán más cárceles durante este gobierno, el nuevo Ministro Justicia, Néstor Osuna, reveló una cifra impactante: “..cada preso en Colombia nos cuesta aproximadamente $2,5 millones al mes…”.
Es decir, cada persona que hoy está privada de la libertad nos cuesta, a todos los colombianos: ¡el equivalente a 2,5 salarios mínimos mensuales vigentes al mes!
Es más, de acuerdo a esas cifras, al año cada recluso nos cuesta entonces $30 millones. Suficiente para pagar una carrera profesional – ni hablar de una técnica o tecnológica – en cualquiera de las mejores universidades privadas del país.
Escalofriante. Eso significa, en teoría, que si a ese joven “potencial antisocial” le hubiéramos facilitado estar educado profesional o técnicamente y suministrado a tiempo un empleo digno, en el que le pagaríamos al menos un salario mínimo, muy seguramente no hubiera llegado a delinquir y no estaría en la cárcel. Y, fuera de los beneficios sociales que eso significaría, económicamente nos sobrarían recursos.
¿Que nos pasó? ¿En qué momento llegamos a tal extremo de descomposición social en que gastamos mucho más manteniendo a un ciudadano tras las rejas que estudiando una carrera profesional, técnica o tecnológica o en un empleo digno?
Pero paradójicamente no hay nuevos empleos, el desempleo juvenil bordea el 22% y sigue subiendo y los niveles de informalidad laboral son de los más altos del mundo.
Y, por otro lado, no hay cupo en las universidades, ni siquiera públicas. Ya es proverbial, por ejemplo, que en la Universidad del Atlántico se presenten cada semestre 30 mil bachilleres y solo pueden ser admitidos 3.000. Es decir, el 10%.
En contraste, las cárceles son cada vez más insuficientes para albergar el número de delincuentes que generamos como sociedad y que crece exponencialmente.
Pedimos: ¡Más Cárceles, Mas cárceles! cuando debiéramos exigir: ¡Más Colegios, más universidades, más empleos!
Para rematar, ni siquiera sabemos realmente cuántas son las personas que están privadas de la libertad, pues en Colombia 11 entidades distintas manejan el asunto.
Veamos:
El INPEC, la más grande, cuenta con 132 establecimientos clasificados en: cárceles, penitenciarías, colonias agrícolas, establecimientos de reclusión especial, reclusiones de mujeres, establecimientos penitenciarios y carcelarios, y complejos penitenciarios. Las cifras de este organismo indican que a nivel nacional hay 97.850 detenidos, pero las cárceles del país tienen capacidad para 82.232 reclusos, es decir que hay un hacinamiento del 18,9%. Claro, después de los beneficios otorgados por el gobierno durante la pandemia, porque antes era del 55%
Pero, además, existen 32 departamentos y 1.063 municipios autorizados legalmente para tener una cárcel para la detención preventiva. No se sabe cuántas existen hoy ni cuantos ciudadanos alberga.
Igualmente, muchas de las 1.400 estaciones de Policía y CAI en todo el país están funcionando de hecho como cárceles y penitenciarías. A su vez, el Ejército Nacional actualmente cuenta con 9 grandes establecimientos y 60 pequeños, a los que denomina pabellones, para su personal. Además, funcionan los clubes militares para mantener allí a políticos, antiguos servidores públicos y contratistas del Estado condenados por corrupción. La Fuerza Aérea cuenta con un establecimiento en cada base y la Armada Nacional posee 4.
Aparte están los centros de reclusión del ICBF para los adolescentes infractores y la justicia que ejercen a su modo los grupos indígenas.
Todos estos subsistemas no cuentan con información centralizada y completa por lo que no sabemos cuántos espacios existen y, consecuentemente, cuántas personas se encuentran privadas de la libertad hoy en Colombia.
Preguntémonos como sociedad: ¿Cuándo vamos a parar de producir permanentemente tantos y tantos delincuentes? ¿Como hacemos para que esa superproducción se detenga?
@vherreram