¿Qué está pasando con la salud en Ocaña?
Por: Nerio Luis Mejía

El derecho a la salud en Ocaña atraviesa un momento crítico, marcado por barreras administrativas que hoy vulneran de manera directa a las poblaciones de especial protección constitucional: los adultos mayores, los niños y las víctimas del conflicto armado.
El pasado 17 de noviembre de 2026 tuve contacto con un grupo de usuarios de la Nueva EPS, quienes me compartieron en primicia el derecho fundamental de petición que radicaron formalmente ante la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Salud y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ocaña. En el documento, los ciudadanos exigen la intervención urgente de los entes de control frente a las restricciones impuestas en la entrega de medicamentos.
El origen de la denuncia recae sobre el dispensario DIFARMA, operador encargado de suministrar las fórmulas médicas. Según el testimonio de los afectados, un funcionario de esta entidad ha impuesto la directriz de entregar únicamente un ficho por persona, advirtiendo que solo es posible solicitar un segundo turno después de haber pasado 100 uarios. En la práctica, esta medida impide que un ciudadano pueda reclamar en una misma jornada sus propios medicamentos y los de los familiares que tiene a su cargo, como niños y personas de la tercera edad.
A esta restricción se suma la negativa del dispensario de otorgar turnos preferenciales a los adultos mayores, obligándolos a soportar largas esperas en condiciones indignas. Esta situación resulta aún más grave si se tiene en cuenta el contexto geográfico y social de la provincia de Ocaña: muchos de estos usuarios viajan desde corregimientos y veredas apartadas, enfrentando altos costos de transporte, precariedad vial y las complejas condiciones de orden público que persisten en la región. Pretender que un campesino o un cuidador regrese días después, o espere más de un centenar de turnos para reclamar una fórmula vital, es condenarlo a la interrupción de sus tratamientos médicos.
Buscando una solución institucional, los usuarios acudieron a la Oficina del Defensor del Usuario en Salud de Ocaña, coordinada por el funcionario Andrés Torrado. De acuerdo con el relato de los peticionarios, Torrado les manifestó que la limitación de los fichos obedecía a un acuerdo adoptado en una reunión previa entre las EPS y la Defensoría del Pueblo, asegurando que dicho procedimiento regiría de ahora en adelante.
Sin embargo, durante el desarrollo de esta investigación periodística, uno de los firmantes del derecho de petición informó haber recibido una llamada directa de la Defensoría del Pueblo. En dicha comunicación, la entidad desmintió haber participado en reunión alguna donde se avalara semejante restricción, dejando en entredicho las declaraciones atribuidas al coordinador Andrés Torrado y abriendo serios interrogantes
sobre la transparencia de la información entregada a la ciudadanía.
En un territorio como Ocaña, donde converge un alto porcentaje de población adulta mayor y miles de víctimas de la violencia, la salud no puede seguir supeditada a trámites arbitrarios ni a la indolencia administrativa. Ni los operadores farmacéuticos, ni las EPS, ni mucho menos los funcionarios públicos encargados de velar por las garantías ciudadanas, pueden darle la espalda a un derecho fundamental que compromete la vida misma.
La ciudadanía exige respuestas prontas, verificables y oportunas por parte de los entes de control. Es imperativo que se levante de inmediato esta barrera de los 100 rnos y se restablezca el enfoque diferencial en la atención, poniendo fin al drama silencioso que hoy padecen cientos de familias ocañeras para acceder a sus medicinas.




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