Por: Caribe Investigación

Ciudad Insegura
El clan Char-Cambio Radical se ha encargado en la última década de disfrazar a Barranquilla, Atlántico, como una ciudad prometedora, pujante, innovadora y desarrollada; todo con la ayuda de un ecosistema de medios locales —también nacionales— que con poca vergüenza ocultan la realidad del departamento y su capital.
Varios son los problemas: impacto ambiental y social de grandes obras de infraestructura como Ciudad Mallorquín y Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, aumento del desempleo en tres puntos para el último trimestre, alto costo de la tarifa de energía y el cobro de la nefasta tasa de seguridad que, por cierto, no ha incidido positivamente para frenar un azote creciente: la inseguridad y la violencia en el Atlántico.
Esto último es, quizás, el tema más apremiante y angustiante porque golpea la psiquis de toda una sociedad, pero afecta sobre todo a los más vulnerables: tenderos, transportistas, jóvenes, líderes y mujeres; víctimas principales de la delincuencia común, la extorsión y de la guerra por el control territorial que llevan a cabo bandas organizadas, combos y con mayor fuerza las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Barranquilla se encuentra ahora en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, según reveló en entrevista con Emisora Atlántico el Brigadier General retirado de la Policía Nacional y actual Ceo de Strategos BIP, Juan Carlos Buitrago.
Homicidios
La revelación del Brigadier General coincidió con el cierre de las cifras de homicidios en el Atlántico durante el mes de octubre, en el cual se registraron 86 muertes violentas (65 casos son atribuidos a ataques sicariales). Esto se traduce en un aumento de 54 % con respecto al mismo periodo de 2023, cuando se registraron 53 casos.
Barranquilla representa el mayor número con 41 casos, seguida de Soledad con 29, Malambo con 7 y Galapa con 2. Es decir, el Área Metropolitana de la capital como centro de la lucha intestinal que mantienen entre sí bandas, combos y organizaciones paramilitares. El homicidio a mujeres también ha aumentado durante el año. Octubre cerró con siete casos reportados en Barranquilla y 63 casos en todo 2024.
Mientras tanto, las autoridades locales siguen repitiendo el coro: incrementaremos el pie de fuerza, los trabajos de inteligencia, la prevención y un largo etcétera de promesas y acciones sin ninguna estrategia clara para frenar este hervidero criminal en el que se ha convertido Barranquilla y el Atlántico.
Parece que las autoridades son buenas y eficientes para dar cifras y hacer diagnósticos. La Policía Metropolitana de Barranquilla advirtió hace pocos días sobre la situación de seguridad en el área metropolitana por la existencia de 70 pandillas activas que, a la postre, se convierte en “mano de obra” ideal para estructuras más grandes y organizadas como Los Papalópez, Los Pepes, Los Costeños o las AGC.
Víctimas
Y es aquí donde identificamos a uno de los sujetos sociales más vulnerables del departamento: los jóvenes. Son ellos quienes engrosan las filas de bandas, combos, pandillas y estructuras organizadas del crimen. No es nueva esta revelación ni se limita solo a Barranquilla, en otras ciudades del Caribe los jóvenes en su mayoría forman parte de estructuras del crimen organizado y de la delincuencia común.
El reto no solo es en materia de seguridad ciudadana. ¿Cómo proteger a las mujeres de la creciente violencia de género y homicidios? ¿Qué esperanza de vida tienen los jóvenes en ciudades tan desiguales? Mejor dicho, ¿qué podemos ofrecerle material y espiritualmente a la juventud para mantenerlos al margen del crimen?
¿Cómo protegemos y asistimos a los tenderos para que continúen fortaleciendo la economía popular y familiar? Mientras los tenderos son extorsionados, amenazados, baleados, obligados a cerrar sus negocios, las tiendas de cadena avanzan sin ningún inconveniente en los barrios más pobres de Barranquilla y otras ciudades del Caribe.
¿Se entiende? La estrategia no debe limitarse a respuestas policivas y militares para frenar el crimen en todas sus dimensiones. Están de por medio dinámicas y un tejido social importantes para la convivencia ciudadana y sobre todo comunitaria, relaciones de intercambio solidario, economía popular, liderazgos juveniles y de mujeres.
AGC presente
En todo el panorama de violencia e incertidumbre que vive Barranquilla no puede faltar el nombre de las AGC. Según Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la organización paramilitar estaría presente en 22 municipios del Atlántico.
Según el investigador Luis Fernando Trejos, citado por Caracol Radio, las AGC tienen presencia en Barranquilla con el frente Carlos Daniel Fulaye Vargas, como ellos mismo anunciaron en agosto pasado con vallas y pasacalles en distintos puntos de la ciudad, lo que compromete aún más la paz del departamento porque esta presencia apunta a reemplazar la subcontratación y esto supone un incremento de la violencia para lograr el control total.
“Ese día se presentaba en público esa nueva estructura que es preocupante en la medida en que ahora necesita producir los recursos que le permitan mantener su actividad criminal, y eso implica entonces entrar en las disputas por extorsión, microtráfico y otras rentas ilegales que se desarrollan en el área metropolitana, pero también el departamento”, expresó Trejos a Caracol.
La presencia de las AGC en Barranquilla, según Turbay, habla de un crecimiento de 52 % de sus miembros en el último período.
Dos consideraciones finales sobre la presencia de las AGC. Como explican varios analistas, los anuncios de diálogos socio jurídicos por parte del Gobierno con esta organización no han tenido ningún efecto positivo en la paz territorial de los departamentos donde hacen presencia, al contrario, se ha incrementado la violencia, siguen creciendo y la posibilidad de diálogos con ellos se desdibuja en el horizonte o queda en intercambio de comunicados.
Lo último. Los análisis que actualmente se hacen de las AGC deben replantearse. No pueden seguir considerándolos como una simple banda de narcotraficantes con alcance nacional. Sus prácticas, movidas de expansión (física y geográficamente), relacionamiento con la fuerza pública, son equiparables a sus antecesores, las AUC. Y sus víctimas siguen siendo las mismas: liderazgos sociales, ambientales, jóvenes, indígenas, afros y mujeres.
La farsa en la COP
En la COP16 celebrada en Cali no faltó la mentira y la desfachatez de las autoridades de la Alcaldía de Barranquilla. Como tampoco le faltó eco en medios como El Tiempo, principal aliado mediático nacional de los Char.
Con el titular “Barranquilla destaca en la COP16 proyectos como el Gran Malecón y el Ecoparque de Mallorquín”, El Tiempo cumple con su rol de lavada de cara de la nefasta gestión charista en el Atlántico. ¿Por qué no hablan del impacto ambiental del Ecoparque y del desplazamiento de comunidades aledañas? Porque no les interesa. Han convertido a la ciudad en un vertedero de concreto y a eso le llaman “Eco”, una forma muy elegante de disfrazar el ecocidio y la gentrificación.
Tarifa de energía
El tema de las tarifas de energía en la región Caribe está lejos de solucionarse. La prensa regional y nacional se ha convertido en el principal instrumento para que las autoridades regionales y nacional impongan su narrativa, ofrezcan soluciones líquidas o siguen culpando a otros de la actual tragedia social. La gente sigue a la expectativa.
La semana pasada trataron de minimizar la denuncia del nuevo agente interventor de Air-e, Edwin Palma, sobre salarios de al menos 16 directivos de hasta $85 millones de mensuales a pesar de la crisis financiera que atraviesa la empresa. Palma también anunció la reestructuración de la empresa, hecho que aprovecharon los sindicatos para exigir que se acabe con la privatización del sector y mejoras salariales.
Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, sigue intentando posicionarse como una voz crítica ante la crisis de Air-e y el malestar general por las altas tarifas de energía, aunque en la práctica fue él junto a los acólitos del Clan Char y Cambio Radical quienes apoyaron a Duque para la aprobación de la Opción Tarifaria que tiene contra las cuerdas a los usuarios del Caribe.
Anuncios van y anuncios vienen, pero la opción tarifaria se seguirá cobrando. Al menos es lo que se sabe hasta los momentos. A pesar de que el gobierno informó en sus inicios que sería suspendida, se conoció la semana pasada que sería diferida por 10 años, según una decisión tomada por el saliente interventor Carlos Diago.
El Gobierno muchas veces no mide sus promesas, buenas intenciones y aspiraciones porque choca con una realidad jurídica que le impide dar una respuesta práctica y viable a la gente.
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