Liquidación de Air-e dejaría "apagados" a tres departamentos

Una profunda incertidumbre arropa al norte de Colombia tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de proceder con la liquidación definitiva de Air-e, la empresa prestadora del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La decisión, tomada tras el evidente fracaso de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ha encendido las alarmas de los gremios energéticos, quienes advierten que la medida podría condenar a la región a un apagón automático.

El jefe de Estado argumentó a través de sus canales oficiales que el propósito de esta liquidación es transferir los activos de Air-e para "configurar una empresa común con otra empresa pública caribeña", apuntando específicamente a una fusión con la generadora estatal Gecelca. Sin embargo, lo que el Gobierno plantea como una transición hacia un modelo público es visto por expertos y líderes gremiales como un salto al vacío con tintes políticos e irreparables consecuencias técnicas y financieras.

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Una deuda fuera de control

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) y diversos líderes del sector han calificado la medida de "irresponsable e ilegal". El punto más crítico radica en el vertiginoso deterioro financiero que sufrió la compañía durante el periodo en que estuvo en manos del propio Estado.

Cuando la Superintendencia asumió el control de Air-e, los pasivos de la comercializadora se situaban en $530.000 millones. Hoy, tras el paso de seis interventores designados por el Gobierno, la deuda acumulada se disparó hasta alcanzar los $2,3 billones (y estimaciones de algunos sectores la elevan a $2,5 billones si se suman otras obligaciones del sistema), registrando pérdidas mensuales operativas de entre $150.000 y $200.000 millones.

La gran pregunta que hoy se hace el mercado y que mantiene en vilo a las plantas térmicas generadoras —a quienes se les adeuda una parte sustancial de este monto— es quién asumirá este millonario hueco financiero.

El riesgo del apagón

Los reparos jurídicos y de logística operativa no se han hecho esperar. De acuerdo con el marco regulatorio vigente, en el momento exacto en que la Superintendencia de Servicios Públicos firme el acto de liquidación de una compañía, esta queda inhabilitada legalmente para seguir comercializando energía y prestando el servicio a los usuarios.

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"El Gobierno estaría condenando a tres departamentos a estar apagados automáticamente al momento de la liquidación", alertaron voceros gremiales, enfatizando que actualmente no existe ningún operador idóneo o con el músculo financiero necesario preparado para asumir el control de la distribución en la zona.

A día de hoy, un eventual traslado de activos a otra pequeña empresa pública caribeña resulta inviable para los analistas, dado que ninguna cuenta con la capacidad de absorber las masivas pérdidas operativas mensuales de Air-e sin que se ponga en riesgo la estabilidad energética de todo el país.