El desafío es mayúsculo y bien se asemeja a una carrera de obstáculos en la que el tiempo es el mayor adversario. El presidente Gustavo Petro tiene poco más de tres meses –de acá al 20 de junio– para aglutinar las siempre esquivas mayorías en el Congreso y lograr aprobar tres de las reformas que constituyen la columna vertebral de su Gobierno y con las que espera garantizar su legado tras su paso por la Casa de Nariño: las reformas a la salud, pensional y laboral.
Sin embargo, el escenario es adverso. Si bien la reforma a la salud ya superó dos de sus cuatro debates en Cámara, aún debe superar otras dos discusiones en Senado antes de convertirse en ley. Pero el tercer debate aún no arranca en la Comisión Séptima del Senado y apenas la semana pasada fue radicada la ponencia positiva tal cual como fue aprobada en la Cámara de Representantes en diciembre del 2023 y con la que se busca transformar el sistema de salud y, entre otras, marginar el papel preponderante que hoy tienen las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
Este proyecto ya está cumpliendo un año de estar radicado en el Congreso, la norma legislativa señala que si un proyecto no es aprobado en dos legislaturas se hundirá, de ahí que el gobierno y la bancada oficialista buscan que el proyecto sea aprobado antes del 19 de junio porque de lo contrario se hundirá.
Es decir, que en poco más de 90 días el Ejecutivo debe lograr con la reforma a la salud en el Senado lo que le tomó casi todo 2023 en la Cámara: concluir su trámite en Comisión y luego recibir el visto bueno de la plenaria. No obstante, en esa Corporación otros factores juegan en contra. A diferencia de la Cámara, allí Petro no goza de mayorías y los senadores han demostrado ser más renuentes a ceder y dejarse convencer de las bondades de la reforma.
Por si fuera poco, en la mesa directiva del Senado, Petro no cuenta con un aliado como el presidente de la Cámara Andrés Calle, un liberal con tendencia petrista que –aun en contra de los proyectos de sus mismos compañeros–, priorizó la agenda del Gobierno. En su lugar, en la Presidencia del Senado figura Iván Name, con quien recién la semana pasada Petro chocó, al punto que el congresista le pidió “respeto e independencia”.
La génesis de esa pelea es nada menos que la reforma pensional, que hoy enfrenta un escenario todavía más adverso que el de salud. El proyecto con el que el Ejecutivo le apuesta a conseguir mayor cobertura y tener un manejo público de los recursos de las pensiones apenas fue aprobado en primer debate y debe superar otras tres discusiones –una en plenaria del Senado y dos en Cámara–, antes de convertirse en ley.
No obstante, hoy el proyecto está paralizado y a punta de maniobras como disolver el quórum para que no haya las mayorías necesarias para su discusión, la oposición ha logrado frenar las pretensiones del Gobierno. No es un hecho aislado: por tercera vez, la semana pasada congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical, pero también del mismo Gobierno –como dejó entrever el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en una entrevista–, se ausentaron del debate y frustraron su discusión.
“A mí no me molesta que la oposición se me salga de un debate. Me preocupa ver amigos que no asisten a hacer los debates”, admitió el funcionario. Esto deja en evidencia que los propios congresistas de la bancada de gobierno no le estarían caminando a los proyectos y preferirían hacerse a un lado.
En medio de estas afugias sobresale la reforma laboral, la misma que el Congreso ya le hundió en el periodo legislativo pasado al Gobierno y que, para que continúe su trámite, debe estar aprobada en primer debate a más tardar el 20 de junio. Con todo, en paralelo el Ejecutivo tramita otras de sus ambiciosas reformas, como la de educación o la de Jurisdicción agraria. Si bien son menos controvertidas y generan menor resistencia, no dejan de ser importantes y demandan también sendas discusiones.
El propio ministro Velasco admitió que son demasiados proyectos y es una agenda muy ambiciosa, y aunque no se atrevió a afirmar que el Gobierno esté contemplando retirar algún proyecto, sí pidió que se dé el debate.
“Vamos a hacer un esfuerzo por lograr mayorías, pero seremos respetuosos de las decisiones que tomen los senadores. Sí me parece que lo mínimo que se debería hacer es permitir debatir nuestras reformas. Incluso, derrótenos, pero déjenlas debatir. Es una respetuosa petición que hago desde el Gobierno”, explicó.
Las cuentas
A las dificultades que impone la carrera contrarreloj a la que se enfrenta el Gobierno se suma el perpetuo lío de conseguir mayorías. Hoy por hoy, de 105 senadores, apenas 40 son incondicionales al Gobierno. Es decir, apenas dos de cada cinco parlamentarios. En contraste, la oposición aglutina 27 senadores y en el sándwich quedan 38 congresistas de partidos independientes que, sin duda, hoy son los más cortejados.
En Cámara el escenario es similar. De 188 representantes, 69 –que corresponden a un tímido 36,7 %– son incondicionales a Petro. La oposición concentra 38 y los independientes surgen como la gran mayoría con 81 parlamentarios. (Ver infografía).
Al margen de las cuentas, los propios congresistas reconocen hoy que lo que hace falta es un ánimo conciliatorio del Gobierno y, lo más importante, que esté dispuesto a ceder en inamovibles que bloquean cualquier conversación.
“Al Gobierno lo que le falta es ceder y ejercer liderazgo para sentarse con las diferentes vertientes para hacer entender su cambio. No es más que capacidad de concertación. No han entendido que no todos somos iguales ni pensamos igual al Gobierno”, explica el senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal.
Inclusive, al interior de las huestes petristas aunque no ponen en duda su respaldo al Gobierno, sí admiten que hace falta ponerse de acuerdo con otros congresistas y limar asperezas. “Una cosa es apoyar las reformas y otra es concertarlas. No se han sentado a concertar. Uno escucha que el Gobierno no cede un centímetro en las reformas y de allí lo difícil de sacar adelante los proyectos”, manifiesta un congresista del Pacto Histórico que pidió reserva de su identidad.
En los partidos declarados de independencia también prima esa sensación. “La dificultad para sacar adelante las reformas a la salud y pensional es la concertación de inamovibles como la eliminación de las EPS, que pasarán a llamarse Gestoras de Salud, y el ahorro pensional en manos de Colpensiones”, señala por su parte la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI), quien reclama que en el Senado “se ha saboteado el debate para hundir la pensional” y que “la laboral no ha tenido mayor discusión”.
La congresista paisa es una jugadora de peso hoy por hoy para los intereses del Gobierno, pues integra además la Comisión Séptima del Senado, donde la reforma a la salud tendrá su primer envión en la cámara alta. Si bien destaca que ha tenido comunicación con diferentes funcionarios del Ejecutivo, alega que “no ha habido comunicación directa con el presidente Petro”.
Incluso, hoy vaticina que, de 14 votos en la Comisión Séptima, el Gobierno apenas tiene cuatro asegurados. De allí la necesidad de la concertación: “Una reforma estructural del sistema de salud, sin llevarlo al colapso, debe atender las recomendaciones de Acemi, la Andi y los actores del sistema”.
En la oposición, a su turno, se frotan las manos y salta a la vista que –ante la efectividad de sus maniobras para impedir el debate y desbaratar el quórum–, persistirán en su estrategia y desde ya recomiendan que el Gobierno reconsidere sus reformas. “Quizá es momento de replantear las reformas. Ministro Velasco si entre aliados hay dudas, imagínese lo que pensamos opositores e independientes. Tanto en Cambio Radical como en otros partidos hay alternativas que facilitarían el consenso”, señala el senador Carlos Fernando Motoa.
El tiempo corre para el Gobierno y, a juzgar por la fotografía hoy, el Ejecutivo se enfrenta a una estrepitosa derrota que podría poner sus intereses en jaque. El 2024 podría ser la última oportunidad para tramitar las reformas, pues el próximo año el Congreso entra en una dinámica preelectoral y, con miras a asegurar su reelección, como en este y otros gobiernos los parlamentarios preferirían tomar distancia para no cargar con lastres de impopularidad que les costarían en las urnas. COLPRENSA