La criminalidad arrodilla a Colombia

Por: Nerio Luis Mejía

El reciente anuncio de paro armado decretado por el grupo criminal denominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) en el departamento de La Guajira deja en evidencia la capacidad de los delincuentes para imponer el terror a la ciudadanía, mientras las fuerzas legítimas del orden muestran una respuesta débil frente al poder del crimen que tiene a Colombia de rodillas.

No es posible que en un país con unas fuerzas militares y policiales que otrora gozaban de renombre por su experiencia en el combate al crimen, hoy se evidencie la incapacidad de imponer el orden. Los actores armados al margen de la ley se mofan de las decisiones improvisadas que adopta el gobierno nacional, regional y local para enfrentar la ola de violencia que arrincona a los colombianos.

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Las calles de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, lucen desoladas; el comercio paralizado debido a las amenazas de paro armado impuestas por un grupo criminal que, gracias a la benevolencia de la llamada paz total, se expande de manera acelerada en varias regiones del país. Diferentes poblaciones guajiras, obedeciendo a las amenazas, decidieron cerrar las puertas de sus negocios y acatar lo que los violentos ordenen, mientras las autoridades permanecen de manos cruzadas, incapaces de garantizar la tranquilidad ciudadana.

Esa violencia que parecía ser cosa del pasado reaparece en lugares donde jamás se pensó que volvería a hacer presencia. Desde La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Chocó, Arauca, Cauca y demás poblaciones afectadas, sus habitantes se están acostumbrando a vivir confinados por culpa de los violentos, aceptando a la vez la incapacidad del Estado para imponer el orden.

Pareciera que violencia y política en Colombia caminaran de la mano. En un año como el 2026, en el que se definen elecciones legislativas y ejecutivas, los actores armados recrudecen los ataques contra la población civil y la fuerza pública, que en vez de pasar a la ofensiva parecen estar arrinconadas, con las manos en la cabeza en señal de auxilio, incapaces de enfrentar al monstruo de la violencia que devora al país ante la mirada impávida del gobierno nacional.

No es una percepción ideológica frente a la violencia que nos acosa, es la triste realidad que se vive en los barrios y veredas de nuestro país. Los colombianos reclaman más que presencia: exigen efectividad en las medidas que se adopten para combatir la criminalidad que nos mantiene de rodillas y con el miedo en la boca cada vez que abrimos las puertas de nuestras casas y los portillos de las fincas.

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La paz total merece reconocimiento por la voluntad del actual gobierno, pero también hay que aceptar su fracaso, pues en ella los actores armados que hoy lastiman al país salieron fortalecidos, aprovechando las ventajas de las diferentes mesas de conversación.

No solo el departamento de La Guajira cierra su comercio: toda Colombia sufre la embestida de la violencia que nos tiene de rodillas.