La defensa de Nicolás Petro había pedido trasladar el juicio a Bogotá, pero la Corte Suprema desestimó la solicitud porque la mayoría de presuntos delitos habrían ocurrido en Barranquilla.
La Corte Suprema de Justicia decidió que el juicio contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se llevará a cabo en el Juzgado 2 Penal Especializado de Barranquilla. El alto tribunal desestimó la solicitud de los abogados del hijo del presidente Gustavo Petro que pedían que el juicio se adelantara en Bogotá.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró que la competencia para conocer la etapa de juzgamiento del proceso penal que se adelanta contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, corresponde al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.
La decisión de la definición de esta competencia fue adoptada de manera unánime, porque para todos los magistrados es claro que, aunque los hechos habrían ocurrido tanto en Bogotá como en Barranquilla, la mayoría de presuntos ilícitos y los más graves (lavado de activos) habrían ocurrido en Barranquilla.
Este miércoles, también se negó la solicitud del abogado de Nicolás Petro que buscaba medidas por filtración de interrogatorio.
El juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, no aceptó la petición que en octubre pasado hizo la defensa y, por consiguiente, decidió no programar ninguna audiencia de imposición de medidas correccionales por la filtración del interrogatorio que rindió el hijo del presidente ante la Fiscalía y que fue divulgado en medios de comunicación.
El abogado Diego Henao, en representación de Nicolás Petro, le había pedido al juez de conocimiento “fijar fecha y hora” para adelantar dicha audiencia, de modo que la defensa pudiera manifestar allí su inconformismo por la “omisión en la custodia de archivos sometidos a reserva”, más específicamente el interrogatorio rendido por Petro Burgos el pasado 2 de agosto.
Henao afirmó que, más allá de buscar sanciones contra el fiscal del caso Mario Burgos, lo que pretendía con esta audiencia era que el juez le “llamara la atención” sobre “los protocolos de la reserva, de las garantías y del debido proceso”.
"Que llamara al orden, a la mesura, al cumplimiento de las garantías procesales, a la ética profesional y al decoro. Era simplemente eso. Esto no es algo excepcional donde se esté solicitando algún tipo de medida o de sanción específica", dijo el defensor.
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