Jueza condena al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión
- Acta Diurna
- 1 ago
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El exmandatario Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La sentencia, dictada por el Juzgado 44 de Bogotá, ordena su detención domiciliaria inmediata.
Esta decisión judicial marca un hito en la historia de Colombia, dado el perfil político del exjefe de Estado, quien gobernó el país entre 2002 y 2010.
Detalles de la condena y los cargos
La jueza Sandra Liliana Heredia del juzgado 44 de conocimiento de Bogotá fue la encargada de dictar la sentencia. La jueza determinó que las pruebas y testimonios presentados en el juicio fueron suficientes para "desvirtuar cualquier presunción de inocencia".
La pena principal impuesta es de 144 meses (12 años) de prisión, junto con una multa de 2.425 salarios mínimos mensuales vigentes y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 100 meses y 20 días.
El exmandatario fue hallado culpable de ser "determinador penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo".
Sin embargo, el fallo también lo absolvió de otros cargos, incluyendo el soborno simple en el caso de la exfiscal Hilda Niño Farfán y el delito de fraude procesal en el caso de "Pacho Cundinamarca".
Arresto domiciliario y proceso de apelación
La condena se cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria, un beneficio contemplado en el artículo 38B de la Ley 599 de 2000. Para hacer efectiva esta medida, se le ha solicitado a Uribe depositar una caución o póliza judicial equivalente a cuatro salarios mínimos.
El fallo de más de 1.114 páginas fue notificado a las partes. La jueza Heredia justificó la orden de detención urgente para evitar que, tras una condena en primera instancia, la sociedad perciba que una persona puede seguir en libertad sin cumplir con los requisitos.
Aunque la medida de detención es inmediata, la defensa de Uribe tiene la opción de apelar la sentencia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Expertos penalistas han señalado que, según el Código Penal colombiano, la ejecución de la condena podría suspenderse hasta que el fallo quede en firme.
A través de sus redes sociales, Uribe manifestó su intención de enfocarse en su defensa, indicando que se trata de un tema "bastante complicado en términos personales".
La comunidad jurídica y política del país se mantiene a la expectativa de las repercusiones de esta decisión y del proceso de apelación que se avecina.
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