
La ProcuradurÃa General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra varios altos mandos militares y funcionarios públicos del departamento del Atlántico, debido a su presunta omisión en la implementación de medidas frente a la Alerta Temprana N° 037 de 2020, emitida por la DefensorÃa del Pueblo. Esta alerta advertÃa sobre el peligro inminente de violencia en Barranquilla y los municipios aledaños, ante la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que operan en la región.
Los principales investigados incluyen a Ricardo Andrés DÃaz Pérez, comandante del Gaula Militar Caribe, y José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Segunda Brigada del Ejército. Además, varios funcionarios de la Gobernación del Atlántico, la AlcaldÃa de Barranquilla, y de los municipios de Puerto Colombia, Galapa y Soledad, también están siendo señalados por no haber tomado acciones preventivas ante los riesgos descritos en la alerta. Entre los investigados están el actual secretario de Seguridad de Barranquilla, Yesid Turbay Pereira, quien era Secretario del Interior del departamento; al subsecretario de Participación Comunitaria, Jaime Navarro Herrera, y los profesionales especializados de la SecretarÃa de Gobierno de Barranquilla, Bertulfo Gutiérrez Vásquez y Piedad Ahumada.
La Alerta Temprana N° 037, emitida en 2020 y todavÃa vigente, señalaba que estos grupos armados ilegales, involucrados en actividades como microtráfico, extorsión, narcotráfico y prostitución, representaban una grave amenaza para la seguridad y estabilidad de las comunidades locales. Entre los sectores más vulnerables se encuentran comerciantes, defensores de derechos humanos, lÃderes sociales, y personas pertenecientes a minorÃas como las de diversas orientaciones sexuales e identidades de género.
A pesar de las advertencias claras, los funcionarios investigados habrÃan incumplido con las medidas de protección necesarias, lo que, según la ProcuradurÃa, habrÃa permitido el agravamiento de la situación de violencia en la zona. Los enfrentamientos entre estos grupos armados ilegales han afectado especialmente a localidades como Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa, generando un clima de temor e incertidumbre.
De acuerdo con la investigación preliminar, entre 2019 y 2023, durante el periodo crÃtico señalado por la alerta, los responsables de la seguridad en la región no habrÃan implementado acciones eficaces para frenar la violencia, lo que podrÃa haber facilitado la materialización de los hechos violentos que afectaron a la población local.
Como parte de la investigación, la ProcuradurÃa ha solicitado a los investigados entregar las copias de las acciones emprendidas para dar cumplimiento a los lineamientos de la alerta. Asimismo, se requiere un listado completo de los funcionarios encargados de responder ante la situación.
La Alerta Temprana N° 037 no solo subraya el riesgo para la población en general, sino también las graves implicaciones para la estabilidad social y económica de la región, que, debido a la inacción de las autoridades, continúa siendo un escenario de violencia y conflicto.
El caso refleja la creciente preocupación por la efectividad de las polÃticas públicas y la capacidad de las autoridades locales para proteger a la ciudadanÃa ante la creciente amenaza de los grupos armados ilegales en Colombia. COLPRENSA
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