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Informe de la ONU raja a Colombia en cuanto a protección de los niños



Tras un silencio evaluativo de diez años, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha emitido sus "Observaciones Finales" sobre Colombia. El documento, una hoja de ruta de 19 páginas, no solo es un catálogo de recomendaciones técnicas; es una radiografía cruda de un país donde el marco legal de avanzada choca frontalmente con una periferia dominada por el conflicto, la desnutrición y la impunidad.


Si bien el Comité celebra avances como la reducción de la mortalidad infantil y la reciente prohibición del matrimonio infantil (Ley 2447 de 2025), la conclusión general es alarmante: la niñez colombiana está "en jaque" por factores estructurales que el Estado no ha logrado desarticular.



El mapa del riesgo: donde el Estado no llega


El informe de la ONU coincide con las alertas de organizaciones como Aldeas Infantiles SOS, señalando que la expansión territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales ha generado emergencias humanitarias que impiden el ejercicio de derechos básicos.


Homicidios y Desapariciones: El Comité expresó una "seria preocupación" por el alto número de homicidios de niños, con un foco crítico en ciudades como Quibdó, y el elevado registro de desapariciones forzadas.


El hambre como condena: La desnutrición aguda sigue cobrando vidas, especialmente en comunidades indígenas como los Wayuu, Emberá, Sikuani y Kogui. El informe denuncia que la corrupción es un factor directo que impide el acceso de estos niños a agua y alimentos.


Las nuevas amenazas


Un aspecto innovador y urgente de este informe es la atención al entorno digital. El Comité insta a Colombia a implementar sin demora la Ley 2489 de 2025 para proteger a los menores de la violencia en línea.


IA y Derechos: Se exige que el uso de la Inteligencia Artificial en el país sea regulado con un enfoque de derechos humanos para evitar sesgos o riesgos que afecten el desarrollo de los adolescentes.



Ciber-reclutamiento: Las organizaciones criminales están utilizando sistemáticamente las redes sociales para el reclutamiento y la explotación sexual, una tendencia que la debilidad institucional no ha podido frenar.


Deuda con la Justicia y el sistema de cuidado


El informe de la ONU es particularmente severo con el sistema judicial y de protección:


Impunidad en Abuso Sexual: Existe una "capacidad limitada" para investigar y sancionar delitos sexuales, lo que perpetúa ciclos de violencia. Se hace un llamado específico a investigar los abusos cometidos por personal religioso de la Iglesia Católica y garantizar reparaciones a las víctimas.


Crisis en Comisarías: El Comité urge a establecer Oficinas de Comisarios de Familia y refugios en todos los municipios, dotándolos de recursos humanos y técnicos suficientes, de los cuales hoy carecen.


Niños en Conflicto Armado: Se denuncia con preocupación el uso de niños por parte de la fuerza pública (policía y militares) para operaciones de inteligencia, y se exige el fin inmediato de esta práctica.


Un sistema "rajado" en coordinación


A nivel administrativo, la ONU critica la fragmentación. El Estado colombiano no cuenta con un mecanismo de coordinación interministerial de alto nivel con autoridad real para ejecutar la Convención en todos los departamentos y municipios. Además, se recomienda una "desinstitucionalización" progresiva: el sistema debe dejar de priorizar los centros de reclusión o internamiento y fortalecer a las familias para evitar separaciones innecesarias.



¿Un cambio de rumbo?


El examen de 2026 sitúa a Colombia ante un espejo incómodo. El país ha pasado leyes ambiciosas, pero ha fallado en la protección territorial. Las recomendaciones de la ONU son un mandato para que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y los presupuestos futuros prioricen de manera transparente y participativa a los niños más vulnerables: los indígenas, los afrocolombianos, los migrantes y aquellos con discapacidad.


La infancia colombiana no necesita más leyes en el papel; necesita, como indica el Comité, que el "interés superior del niño" deje de ser una frase retórica y se convierta en una inversión real en cada rincón del país.

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