Incertidumbre sobre la participación de Iván Cepeda en nueva consulta

La incertidumbre sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta de los sectores de izquierda, programada para el próximo 8 de marzo, se prolongará unos días más. Este miércoles, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) evitó emitir un fallo definitivo sobre la presunta inhabilidad del senador y, en su lugar, optó por conformar una comisión accidental encargada de estudiar el expediente y presentar una ponencia oficial. La responsabilidad de esta tarea recayó, tras un sorteo, en los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, figuras que llegaron al tribunal bajo el respaldo de colectividades cercanas al Pacto Histórico. Se espera que este mismo viernes 30 de enero se radique el documento que definirá la suerte del legislador, quien hoy lidera las encuestas de intención de voto.

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El núcleo del conflicto jurídico radica en la naturaleza de la votación celebrada por el Pacto Histórico el pasado 26 de octubre. Mientras el sector oficialista defiende que se trató de un proceso interno de fortalecimiento democrático, diversos sectores sostienen que tuvo las características de una consulta interpartidista formal. Esta distinción es crítica: la normativa electoral vigente prohíbe estrictamente la "doble participación", impidiendo que un candidato compita en más de una consulta dentro de un mismo certamen electoral. Si el CNE determina que el proceso de octubre fue vinculante bajo el marco de la Ley 1475, Cepeda quedaría automáticamente inhabilitado para la consulta de marzo y tendría que saltar directamente a la contienda de primera vuelta, perdiendo el impulso de la coalición del Frente Amplio.

Los antecedentes del caso remiten a los resultados de octubre, donde Cepeda obtuvo una victoria contundente con 1.286.859 votos, equivalentes al 65% de la votación, superando ampliamente a Carolina Corcho y Daniel Quintero. No obstante, voces como la del exregistrador Juan Carlos Galindo sostienen la tesis del "pacto roto", argumentando que el resultado de aquella consulta es de obligatorio cumplimiento y que permitir una nueva postulación viciaría el proceso al ignorar la voluntad ciudadana ya expresada. En la otra orilla, expertos como Alfonso Portela defienden la legalidad de su participación, asegurando que aquel ejercicio no agotó las vías de coalición permitidas por la ley.

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Más allá de los tecnicismos legales, el componente político pesa con fuerza sobre la decisión. Al ser el CNE un organismo de origen partidista, la aritmética de votos en la Sala Plena será determinante. Para inhabilitar o habilitar al senador se requiere una mayoría calificada de seis de los nueve magistrados. El escenario actual muestra un equilibrio complejo: tres magistrados son de tendencia petrista, uno representa a la oposición y cinco pertenecen a partidos independientes. En los pasillos del tribunal electoral ya se especula que, más allá de la letra menuda de la ley, algunos sectores podrían inclinarse por permitir la participación de Cepeda para evitar otorgarle un aura de "persecución política" que termine favoreciendo su narrativa de campaña.