Grupos armados concentran el conflicto en la región Caribe
- Acta Diurna
- hace 23 horas
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La violencia armada se ensaña con el Caribe colombiano. Un reciente informe de agencias de Naciones Unidas encendió las alarmas al revelar el peligroso fortalecimiento de grupos armados no estatales y organizaciones criminales en la región. La disputa por corredores estratégicos y economías ilícitas mantiene en jaque a la población civil de departamentos como La Guajira, Magdalena, Sucre, Bolívar, Atlántico y Cesar, siendo la Sierra Nevada de Santa Marta uno de los epicentros más críticos.
El documento expone una preocupante reconfiguración del conflicto. Lejos de apaciguarse, la confrontación ha derivado en un repunte de desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, violencia sexual y reclutamiento de menores. Sin embargo, la ONU advierte un fenómeno perverso:
“La violencia en el Caribe muchas veces no se refleja en cifras escandalosas porque existe un debilitamiento histórico de los procesos organizativos y un temor constante a denunciar”.
El drama invisible de las masacres
El impacto humanitario durante el último año ha sido devastador. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó 1.753 víctimas de desplazamientos masivos y 5.381 personas confinadas, concentradas principalmente en La Guajira, Córdoba, Magdalena y Sucre. A esto se suma la crueldad de las masacres: se verificaron 11 casos que dejaron 34 víctimas (en su mayoría hombres jóvenes), con el departamento del Atlántico liderando esta trágica lista con cinco eventos.
La defensa de los derechos humanos también se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Durante el último periodo evaluado, 11 líderes sociales fueron asesinados en el Caribe, lo que representa un alarmante incremento del 175% en comparación con registros anteriores. Los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar y La Guajira concentran la mayor parte de estos crímenes, de los cuales el 70% se atribuye directamente a organizaciones criminales y el Clan del Golfo.
Las redes sociales: la nueva trampa para la infancia
Uno de los capítulos más desgarradores del informe técnico es el reclutamiento de menores. A nivel nacional se verificaron 150 casos, de los cuales 63 correspondían a niños y niñas de comunidades étnicas.
La ONU lanzó una alerta inédita sobre los métodos de captación: los grupos ilegales están utilizando activamente las redes sociales para seducir a los jóvenes, asociando su accionar con narrativas de "dinero fácil", armas y el estilo de vida de las economías ilegales. El desenlace de este flagelo es letal: el organismo confirmó la muerte de 30 menores reclutados, la mitad de ellos en medio de operaciones militares.
Aulas vacías y escuelas bajo ocupación
El derecho a la educación se ha transformado en otra baja del conflicto. En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena y La Guajira), las comunidades indígenas y campesinas han quedado atrapadas en medio de los combates, forzando la suspensión de clases.
El informe denuncia la ocupación de escuelas por parte de actores armados y registra episodios de extrema gravedad, como el asesinato en La Guajira de una docente indígena Wiwa, quien lideraba el acompañamiento a niñas víctimas de violencia sexual.
En un hecho paralelo que toca directamente la dinámica del conflicto en la región, la Corte Suprema de Justicia respaldó con firmeza la postura de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
A través de un pronunciamiento conjunto, el presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis Gómez, y el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano Garavito, avalaron la Resolución 142 del 11 de mayo de 2026. Con esta decisión, la Fiscalía mantiene firmes las órdenes de captura contra los principales cabecillas del Clan del Golfo —el grupo con mayor presencia en el Caribe—, frenando los intentos de suspender dichas medidas judiciales sin un marco legal de sometimiento claro.
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