Preocupante balance de la Contraloría sobre las EPS intervenidas

La intervención administrativa, que sobre el papel se presenta como un mecanismo para salvar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en crisis, parece estar profundizando el problema. Según el informe más reciente de la Contraloría General de la República, presentado este 11 de mayo de 2026, la situación operativa y financiera de estas entidades bajo el control de la Superintendencia Nacional de Salud es, en una palabra, "crítica".

El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, fue enfático al señalar que, lejos de estabilizarse, los indicadores de gestión de estas prestadoras han entrado en una espiral de deterioro que compromete directamente la atención de millones de colombianos.

Lea también: Aumentan los reclamos contra las EPS: Supersalud

El análisis detallado del ente de control revela que ninguna de las ocho EPS actualmente intervenidas cumple con los indicadores de sostenibilidad. El impacto se siente con mayor fuerza en tres frentes:

Nueva EPS: Incertidumbre absoluta. La EPS más grande del país atraviesa una crisis de transparencia. La Contraloría detectó que la entidad no cuenta con estados financieros certificados para los periodos 2024 y 2025. Además, se reporta un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y cerca de $13,6 billones en anticipos que no han sido legalizados, lo que impide conocer su realidad contable real.

Endeudamiento desbordado. Entidades como Savia Salud han visto su nivel de endeudamiento dispararse en un 166%, mientras que Famisanar pasó de un patrimonio negativo de -$2,1 billones a -$3,3 billones al cierre del año pasado.

Aumento de pasivos. El caso de Coosalud es alarmante: sus deudas pasaron de $1,88 billones en octubre de 2024 a la estrepitosa cifra de $6,34 billones al finalizar 2025.

Impacto en el usuario: Citas y medicamentos en vilo

La crisis no es solo de cifras; tiene rostro humano. La Contraloría vincula directamente el déficit operacional con el aumento de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). En el último año, estas aumentaron un 27,4%, superando los 2 millones de casos. La mayoría de estas quejas se concentran en la demora para la entrega de medicamentos y la dificultad para asignar citas médicas.

Lea también: Las EPS deben más de $20 billones a clínicas y hospitales

Ante la evidencia de que las intervenciones no han generado mejoras estructurales, el organismo de control anunció que convocará a una mesa técnica de seguimiento la próxima semana. En esta cita, la Superintendencia Nacional de Salud y los agentes interventores deberán explicar el fracaso de las medidas de mitigación y proponer correctivos urgentes.

"La falta de resultados financieros afecta directamente a la red hospitalaria", advirtió la Contraloría. El retraso en los pagos a clínicas y hospitales públicos y privados amenaza con paralizar la prestación de servicios en diversas regiones del país, creando un efecto dominó que pone en riesgo el Sistema General de Seguridad Social en Salud.