Los ministros del Interior, Alfonso Prada, y el de Justicia, Néstor Osuna, ya radicaron ante el Congreso de al República la Ley de Sometimiento para bandas delincuenciales del país, que iniciará su trámite en el Legislativo.
En este articulado se establecerán los mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones.
Con este proyecto de ley el Gobierno Nacional y las bancadas oficialistas buscarán someter a la justicia a los grupos armados que no tienen origen político como el Clan del Golfo, según el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Andrés Calle.
"Oficialmente fue radicado el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, con el que se busca llevar a los grupos armados a la justicia ordinaria. Esto supone un avance a la paz total y la seguridad humana en Colombia", puntualizó el congresista de la bancada de gobierno.
¿Qué plantea la ley?
El Gobierno Nacional estableció mediante la Ley 418 o prórroga a la Ley de Orden Público, la negociación con grupos armados al margen de la ley.
Se estableció el marco jurídico para los procesos de paz con guerrillas de origen político como el Eln y las disidencias de las Farc, mientras que también se creó el de estructuras criminales como las del Clan del Golfo que tienen estructura jerárquica.
El articulado plantea, entre otras cosas, que los delincuentes que se acojan a la ley podrán quedarse con hasta el 6% de los bienes producto del narcotráfico, pero fija un monto de 10.000 salarios mínimos vigentes como máxima cantidad.
El proyecto también plantea un componente de privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario, y un componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo.
Es decir, el proyecto de ley plantea penas de seis u ocho años efectivos de cárcel para quienes sean hallados responsables de diferentes delitos.
Los ministerios de Trabajo, Cultura, Educación y Deporte serán fundamentales para la reintegración a la vida civil, pese a que todavía se desconocen las tareas a desempeñar en cada una de estas carteras. COLPRENSA