Gobierno decreta nueva emergencia económica por crisis en Córdoba

El presidente Gustavo Petro ha declarado un nuevo estado de emergencia económica y social con el fin de mitigar la crisis climática y humanitaria que atraviesa el departamento de Córdoba, tras un frente frío que ha alterado drásticamente la temporada seca. Esta decisión marca la tercera vez que el mandatario emplea dicha figura jurídica y la cuarta ocasión en la que recurre a un estado de excepción desde el inicio de su gestión en 2022.

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En esta oportunidad, el Ejecutivo busca recaudar 8 billones de pesos a través de nuevos impuestos destinados a financiar la recuperación de la zona, una cifra que ha despertado suspicacias debido a que inicialmente se proyectó un monto de 16 billones, el mismo valor contemplado en la emergencia económica del pasado 22 de diciembre, actualmente suspendida por la Corte Constitucional para su estudio.

Las reacciones frente a la magnitud del recaudo no se han hecho esperar. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha solicitado una mayor transparencia en los cálculos, cuestionando el sustento técnico detrás de los 8 billones de pesos y sugiriendo la necesidad de una auditoría académica externa ante lo que considera una suma desproporcionada. En una línea similar, Mauricio Salazar Saenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señaló en declaraciones a El Tiempo que resulta llamativo que la cifra represente exactamente la mitad de los recursos buscados en la ley de financiamiento, advirtiendo que es prematuro anunciar tales montos sin un sustento detallado.

Pese a las críticas, desde el Gobierno se defienden las proyecciones. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), explicó que los recursos estimados corresponden a la fase de recuperación integral, fundamentada en antecedentes históricos y daños preliminares. Mientras que la atención inmediata cuenta con un fondo de 190.000 millones de pesos de la vigencia 2026 para asistencia humanitaria y rescates, la reconstrucción de infraestructura crítica —que incluye 4.000 viviendas, cerca de 200 colegios, redes viales y acueductos— exige una inversión de escala billonaria. Esta hoja de ruta fue adoptada por el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo tras una exhaustiva sesión de análisis de casi nueve horas.

El impacto en los sectores productivos también es alarmante según el balance de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, quien reportó afectaciones en más de 27.000 predios y la pérdida de 30.113 hectáreas de cultivos. El sector ganadero ha sido uno de los más golpeados, con más de medio millón de animales impactados y la muerte confirmada de 3.166 ejemplares. Solo para la recuperación del agro y el drenaje de suelos se proyecta una inversión cercana a los 700.000 millones de pesos.

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Por su parte, la ministra de Vivienda, Helga Rivas, elevó la estimación de reconstrucción a 5,8 billones de pesos, de los cuales el grueso se destinaría a proyectos de agua y saneamiento básico. Ante este panorama, el Ejecutivo ha descartado el uso de los 6,5 billones de pesos en regalías que permanecen congelados, ratificando su apuesta por la vía de la emergencia económica mientras se profundiza el debate sobre la rigurosidad de las necesidades financieras del departamento.