Formulan cargos contra jueza que otorgó libertad a Emilio Tapia
- Acta Diurna
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La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico profirió pliego de cargos contra Claribel Onisa Fernández Castellón, Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla. La decisión se fundamenta en las presuntas irregularidades cometidas al conceder, en dos oportunidades, el beneficio de libertad condicional al empresario Emilio Tapia, condenado por graves hechos de corrupción.
A la togada se le imputan cuatro cargos relacionados con los delitos de prevaricato por acción y omisión. Según el organismo de control, estas acciones representarían una falta gravísima cometida a título de dolo, dada la naturaleza de las decisiones que permitieron la salida de prisión del procesado.
La controversia se centra en la reiterada disposición de la jueza a favor de Tapia: la primera boleta de libertad concedida fue el 11 de abril de 2025 y el 16 de diciembre del mismo año profirió un nuevo fallo a favor del convicto, donde se le reconocieron 90 meses y 10 días de pena cumplida.
En esta última decisión, Fernández Castellón le otorgó un periodo de prueba de 27 meses y 11 días, manteniendo la caución prendaria fijada en abril, pero exigiendo la suscripción de una nueva acta de compromiso bajo el artículo 65 del Código Penal.
Un historial de decisiones polémicas
El proceso disciplinario no es el único frente que enfrenta la jueza. El pasado 4 de noviembre, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial compulsó copias en su contra por, presuntamente, haber "demorado y obstaculizado" la recaptura de Tapia el 31 de octubre de 2025.
Cabe recordar que dicha recaptura, ejecutada por agentes de la Dijín en Barranquilla, obedecía a una orden del Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá. A pesar de este antecedente y de la investigación abierta desde abril, la jueza Fernández volvió a fallar en beneficio del contratista solo semanas después de su detención.
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