Este miércoles el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía (foto), presentó varias propuestas para la reforma tributaria y fiscal que el Gobierno debe dar a conocer en las próximas semanas.
Entre dichas propuestas se encuentra el elevar gradualmente, hasta llegar a 8%, la tarifa del IVA sobre los bienes y servicios de la economía de mercado que actualmente están exentos excluidos, o gravados al 5%.
"Nuestros cálculos indican que las exenciones al IVA dejan sin gravar cerca de la mitad de los bienes y servicios que consumen los hogares y cuestan 5,2% del PIB, beneficiando en mayor proporción a los hogares de altos ingresos que a las familias más pobres" señaló.
"Específicamente, se propone una tarifa de 2% en 2022 para los bienes excluidos y exentos, del 5% en 2023 y del 8% de 2024 en adelante. Ampliar la compensación del IVA para los cuatro primeros deciles de ingreso, que estimamos sería de alrededor de $ 63.000 pesos mensuales" agregó.
Esta propuesta de reformas estructurales tiene importantes impactos en redistribución del ingreso, reducción de la pobreza, aumento de la formalidad laboral y mayor crecimiento económico.
Reduce sustancialmente la desigualdad del ingreso, disminuyendo el índice de Gini en 4 puntos porcentuales.
Reduce en 9,3 puntos porcentuales la pobreza, lo que equivaldría a sacar a 4,5 millones de personas de la pobreza.
Es importante anotar que reducciones de la desigualdad y la pobreza de esta magnitud sólo se han visto en el plazo de una década en la historia reciente del país.
Incentiva la creación de al menos 815.000 empleos formales.
Implica un aumento en el crecimiento económico de 0,52 puntos porcentuales, generando un círculo virtuoso de formalización, crecimiento y fortalecimiento del recaudo tributario.
A su vez, en términos de la política social, la propuesta de Fedesarrollo contempla:
Implementar el Sisbén 4.0 como único mecanismo de focalización de los subsidios, eliminando de forma definitiva el estrato socioeconómico como instrumento de selección de beneficiarios.
Universalización del programa Colombia Mayor a todos los adultos mayores de 65 años no pensionados con un monto equivalente a tres líneas de pobreza extrema ($412.000 mil pesos mensuales), lo que implicaría que el sistema de protección a la vejez alcanzaría cobertura universal y, al mismo tiempo, eliminaría de un tajo la pobreza en los adultos mayores.
Creación de una renta mínima de monto fijo para los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema con los recursos de los programas Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Esta renta entregaría a los hogares pobres $35.000 pesos mensuales por cada adulto menor de 65 años en el hogar y $35.000 por cada menor de 18 años (hasta 3 menores por hogar), siempre y cuando asistan al colegio y a chequeos de salud. Estimamos que esta medida aumentará el monto promedio entregado a los hogares pobres de $44.000 pesos mensuales actualmente a $138.000 pesos mensuales.
En términos del sistema de protección para la vejez Fedesarrollo propone sustituir el sistema actual por un sistema más sencillo, solidario y flexible de tres pilares:
Un primer pilar gratuito y de cobertura universal de beneficios definidos, que entregaría, como ya se mencionó, un auxilio de tres líneas de pobreza extrema ($412.000 mil pesos mensuales) a todos los adultos mayores de 65 años que no reciben una pensión.
Un segundo pilar contributivo y flexible, complemento del primero, en donde empresas y trabajadores quedarían en libertad de decidir en negociaciones colectivas un programa de ahorro para la vejez, abriendo la competencia hacia múltiples mecanismos de ahorro e inversión. Este segundo pilar no será obligatorio para las empresas inscritas en el Régimen Simple de Tributación. El resto de las empresas aportará por lo menos lo mismo que el trabajador a programas de ahorro que complementarán el auxilio entregado por el estado en el primer pilar universal.
Finalmente, se constituiría un tercer pilar de ahorro voluntario individual, como el que existe actualmente.
De esta reforma quedarán excluidos los actuales pensionados y quienes estén a menos de 10 años de alcanzar la edad de pensión en el régimen de Colpensiones, cuyos derechos serán plenamente reconocidos.
Para el mercado laboral el centro de pensamiento propone lo siguiente:
Un cambio sustancial en los aportes de salud de los trabajadores, que en su diseño actual inducen a la informalidad ante la coexistencia de dos regímenes con esencialmente los mismos beneficios, pero con costos sustancialmente diferentes: el contributivo, con costo de 4% del salario para el trabajador formal y de 12,5% para el independiente formal, y el subsidiado, con costo cero para el ocupado informal. La propuesta consiste en introducir una tasa progresiva de aportes a salud a cargo del trabajador, que sería de 0% para los ocupados de un salario mínimo, sean asalariados o independientes, y que aumentaría gradualmente hasta cerca del 9% para ocupados con ingresos de 25 salarios mínimos o más.
Introducir una tasa progresiva de aportes a cajas de compensación por parte de las empresas, que sería de 0% para los empleados de un salario mínimo y que aumentaría gradualmente hasta cerca del 5% para empleados con ingresos de 25 salarios mínimos o más. Un punto de esta contribución a cajas de compensación será usado para financiar un seguro de desempleo no contributivo, que entregará tres líneas de pobreza extrema ($412.000) hasta por seis meses a trabajadores entre 1 y 1,5 salarios mínimos.
Creación de un auxilio de solidaridad equivalente al 4% de un salario mínimo para trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos.
La combinación de estas reformas en materia laboral y pensional implicaría un aumento del salario disponible para un trabajador que gana un salario mínimo de hasta 13% así como una disminución en el costo para la empresa de hasta el 14%, lo que estimulará la generación de empleo formal.
Para sufragar el costo del ambicioso programa de apoyo solidario a las familias y trabajadores de bajos ingresos que estamos proponiendo, es necesaria una reforma tributaria que se contempla de la siguiente manera:
En términos de tributación a las empresas es esencial eliminar las exenciones sectoriales existentes, con el fin de tener un estatuto tributario que trate de igual forma a todas las actividades productivas.
Revisión y eventual eliminación de los mecanismos de zonas francas, especialmente las unipersonales, que en la práctica son regímenes tributarios preferenciales que generan una competencia desleal con los productores locales sujetos al régimen general.
Eliminar el descuento del impuesto de comercio y avisos, ICA, pagado a nivel territorial contra el impuesto de renta, una medida que crea incentivos a aumentar las tarifas del ICA a nivel local en detrimento del recaudo de renta a nivel nacional, y que implica un costo fiscal de 0,5% del PIB a partir del 2022.
Posponer la reducción de la tarifa de renta corporativa y dejarla en 31% hasta 2026.
Para la tributación de las personas, se plantea:
Reducir el rango exento de declaración de renta a la mitad para ampliar la base gravable y fomentar la cultura tributaria. Este cambio implica que la base de contribuyentes pasaría de 900 mil a cerca de 1,5 millones de personas declarantes contribuyentes, apenas una pequeña proporción de los 20 millones de personas ocupadas en el país.
Limitar las deducciones al 10% de los salarios y el 25% de los ingresos de los independientes manteniendo los topes actuales en unidades de valor tributario.
Sustituir las siete tarifas de impuesto de renta a las personas por tres tarifas: 0%, 20% y 39%.
Las pensiones estarán sujetas al pago de impuesto de renta, tributando de acuerdo con las condiciones de cualquier otro ingreso laboral.
Aumentar la tarifa de impuesto a los dividendos de 10% a 15%, así como ampliar el impuesto al patrimonio para los individuos en 2022 y por una sola vez, pagadero en 2023 y 2024, con tasas marginales de 0,25% (patrimonio líquido neto entre mil y 2 mil millones de pesos), 0,5% (entre 2 y 3 mm$), 0,75% (entre 3 y 4 mm$) y 1% en adelante. DATAIFX