Empresarios de Colombia y Ecuador alertan por escalada arancelaria

La estabilidad económica de la región se encuentra en vilo tras la escalada de una guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia, una situación que ha encendido las alarmas de los gremios empresariales en ambos países. Durante un encuentro estratégico en Quito, líderes del sector privado advirtieron que la imposición mutua de gravámenes —que ya alcanzan el 50 % y 30 % respectivamente— no solo amenaza con generar pérdidas millonarias, sino que pone en riesgo directo miles de puestos de trabajo. Xavier Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), fue enfático al señalar que el impacto mensual de esta crisis asciende actualmente a 25 millones de dólares, una cifra que podría triplicarse hasta alcanzar los 75 millones si se consolida el arancel máximo sobre la oferta exportable ecuatoriana.

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Este conflicto comercial tiene su origen en la "tasa de seguridad" del 30 % implementada en enero por el presidente Daniel Noboa, quien justificó la medida como una respuesta a la supuesta falta de firmeza de Colombia en el control del narcotráfico fronterizo. La réplica de Bogotá no se hizo esperar, activando aranceles sobre 73 productos clave, lo que a su vez provocó que Ecuador elevara el gravamen al 50 % el pasado domingo. Esta espiral de restricciones ya muestra efectos devastadores en las estadísticas: entre el 1 y el 21 de febrero, las compras ecuatorianas desde Colombia se desplomaron un 69 % en valor, afectando la operatividad de más de 7.600 importadores y comprometiendo el sustento de unos 40.000 empleos directos vinculados a la cadena exportadora.

La preocupación trasciende el ámbito puramente numérico y alcanza sectores críticos como el de la salud. Desde la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), se advirtió que el encarecimiento de los insumos provenientes de Colombia representará un costo adicional de 21 millones de dólares, dificultando el acceso a suministros esenciales. Paralelamente, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, alertó sobre una consecuencia colateral inevitable: el florecimiento de economías informales. Según el líder gremial, las barreras comerciales no logran desarticular el crimen organizado, sino que, por el contrario, incentivan el contrabando al asfixiar el comercio legal y estructurado.

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Ante este panorama, el empresariado binacional exige separar urgentemente la agenda de seguridad de la actividad comercial. Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y Bruce Mac Master, titular de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) de Colombia, coincidieron en que la estabilidad económica es un pilar fundamental de la seguridad nacional que no debe sacrificarse por tensiones diplomáticas. Con un intercambio bilateral que roza los 3.000 millones de dólares, los gremios instan a los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro a establecer un diálogo de alto nivel que desescale el conflicto, proteja la integración regional y evite que los trabajadores se conviertan en la moneda de cambio de una disputa política.