Todo está caro y eso se nota en los servicios públicos. Según el reporte de inflación del Dane, en agosto, los precios de los servicios se encarecieron el último año 6,74%. Pero hay una particularidad en la energía eléctrica.
La variación anual del IPC de los servicios de electricidad, para el octavo mes del año fue de 25,9%; y ocho ciudades están sintiendo con más fuerza esa elevación de tarifas; se destacan Santa Marta (49,9%), Riohacha (47,1%), Barranquilla (44,4%), Sincelejo (40,7%), Valledupar (40,4%) y Montería (40,4%).
Por esto mismo, el presidente Gustavo Petro, se preguntó si “¿Puede aumentar el pago por servicio de electricidad cuando los embalses están llenos y es temporada de muchas lluvias?”, de hecho citó a todas las autoridades del sector energético “para que nos expliquen este comportamiento extraño”.
Por eso mismo vale la pena responder cómo se define el recibo que cada mes llega a su casa por alguna entidad prestadora de energía. Según José Camilo Manzur, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la tarifa de la energía que paga cada hogar se compone del costo de la prestación del servicio (costo unitario) multiplicado por el consumo; es decir, lo que le cuesta a la empresa generar cada kilovatio de energía por el número de kilovatios que consume cada hogar.
“En promedio se puede decir que el recibo que pagan los hogares colombianos se conforma de componentes como el costo de generación de energía, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones en la producción y transporte de la energía eléctrica”.
Allí, según Manzur, el peso de cada uno de ellos en el precio final es variado. Pues, mientras que la generación y la distribución representan cerca de 35% cada uno, la comercialización y las pérdidas lo hacen en 10% cada uno. La transmisión y las restricciones pueden llegar a estar ambas entre 5% y 10%.
“Los aumentos se han visto en todos los rubros, pero solo para dar un ejemplo, en enero la restricción costaba entre $20 por kilovatio/hora y ahora está en $70”. (La restricción es lo que le cuesta a las empresas llevar la energía)
¿Qué hará el Gobierno?
Al respecto, el viceministro general de Hacienda, Diego Guevara, y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se reunieron para tratar este tema de las electrificadoras con el objetivo de trazar una hoja de ruta para estas compañías.
Entre las razones que expusieron los gremios para soportar el aumento del precio de la energía está el mecanismo denominado como ‘opción tarifaria’, el cual se creó durante la pandemia con el fin de aplazar los incrementos significativos de las tarifas.
Dicho incremento, sostuvieron, se venía haciendo periódicamente pero ante la dificultad de algunas familias vulnerables de asimilarlo, se decidió repartir su incremento en cuotas más pequeñas pero en un plazo de tiempo más estirado. Esto, como resultado del cálculo de las fórmulas tarifarias.
Solo sobre este mecanismo existirían saldos pendientes por cobrar que sumarían alrededor de $4 billones. Los insumos también serían otro problema pues, según los gremios, el Índice de Precios al Productor (IPP), ha tenido incrementos acumulados en 2022 de hasta 21,8%.
Cuando se compara con la variación que se presentó para los mismos meses entre 2018 y 2019, esta solo llegó a 4,7%. La situación, dijeron los gremios, se explica por el comportamiento económico mundial.
“La alta demanda, los altos precios de los insumos y servicios de la cadena logística están afectando en el corto plazo. Sin embargo, se espera que sea coyuntural y estos se normalicen en el mediano plazo”, sentenciaron los gremios.
De esta forma, se espera que en los próximos días haya un pronunciamiento oficial de la MinMinas y el vice MinHacienda, y de esta manera se fije los pasos a seguir para la revisión ordenada por el presidente Petro. COLPRENSA