España regularizará a medio millón de inmigrantes indocumentados

España ha decidido reconciliar sus leyes con su realidad cotidiana. El pasado martes 27 de enero, el Gobierno aprobó un decreto de regularización extraordinaria que marca un hito en la historia reciente del país. No es solo un trámite administrativo; es un giro de timón en la política migratoria que busca sacar de la sombra a más de 500.000 personas que ya viven, trabajan y conviven en las ciudades y pueblos españoles, pero que hasta ahora carecían de papeles.

Hacía dos décadas que España no se enfrentaba a un proceso de tal magnitud. Esta medida no nace del vacío, sino de una necesidad urgente: el mercado laboral y la estructura demográfica del país han cambiado tanto que la economía ya no se entiende sin el aporte de quienes llegan desde fuera. Para muchos, este decreto es el reconocimiento de un derecho; para el Estado, es una forma de ordenar lo que ya existe.

El fin de las barreras burocráticas: ¿Quiénes pueden aplicar?

Lo que hace que este proceso sea distinto a los anteriores es su pragmatismo. La norma establece que podrán acogerse a la regularización todas aquellas personas que se encuentren en situación irregular o sean solicitantes de asilo, siempre que demuestren haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y certifiquen una residencia de al menos cinco meses.

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La gran innovación reside en la flexibilidad para probar esa estancia. El Gobierno ha entendido que la vida en la irregularidad es, a menudo, una vida sin contratos oficiales. Por ello, ya no se exigirán solo documentos oficiales rígidos; ahora, cualquier prueba que demuestre que la persona ha estado allí será válida: desde un contrato de alquiler o un informe médico hasta certificados de asistencia a servicios sociales. Incluso el envío de remesas a sus países de origen —un vínculo económico constante que hasta ahora no tenía peso legal— servirá como evidencia de presencia en el territorio.

En cuanto a la seguridad, el requisito es no tener antecedentes penales. Sin embargo, incluso aquí hay una mano tendida: si la administración del país de origen no responde a tiempo a la solicitud de antecedentes, bastará con una declaración responsable del interesado para no bloquear el proceso.

Agilidad y derecho al trabajo desde el primer día

El calendario ya está marcado. El proceso arrancará en abril y se mantendrá abierto hasta finales de junio. Pero lo más trascendental es lo que sucede apenas se entrega la solicitud. La ministra Elma Saiz ha subrayado que, una vez admitido el trámite en un plazo de apenas 15 días, el solicitante recibirá una autorización provisional que le permitirá trabajar legalmente de inmediato en cualquier sector y lugar del país.

Esta medida fulmina el miedo a la deportación, ya que la sola presentación de la solicitud suspende cualquier orden de expulsión previa. Es, en esencia, un puente hacia la estabilidad: tras un año con esta residencia provisional, los beneficiarios podrán acceder al régimen general de extranjería. Además, el decreto protege el núcleo familiar, otorgando permisos de cinco años a los hijos de los solicitantes, garantizando que el arraigo sea completo.

El motor invisible de la economía española

Las cifras que respaldan esta decisión son contundentes y derriban muchos prejuicios. España cerró el año 2025 con más de tres millones de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, lo que significa que casi el 15 % de quienes sostienen el sistema de bienestar han nacido fuera de las fronteras españolas. De hecho, cuatro de cada diez nuevos empleos creados el año pasado fueron ocupados por inmigrantes, un motor que ha permitido a España crecer por encima de la media europea.

El beneficio no es solo laboral, sino profundamente fiscal. Mientras que la población extranjera aporta el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social, solo representa el 1 % del gasto. Son, en gran medida, personas jóvenes en edad de trabajar que equilibran una balanza demográfica cada vez más envejecida. Este impacto se siente también en el emprendimiento: el 75 % de los nuevos autónomos en España durante el último año son extranjeros, dinamizando sectores que van desde la hostelería y la agricultura hasta la tecnología y las finanzas.

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Un mosaico de orígenes y un consenso social amplio

La procedencia de quienes esperan esta regularización es variada, aunque el acento latinoamericano es predominante. Ciudadanos de Colombia y Venezuela lideran el crecimiento de las afiliaciones, seguidos de cerca por comunidades históricas como la marroquí y la rumana. Curiosamente, el 91% de las personas que se encuentran actualmente en situación irregular proceden del continente americano, lo que estrecha aún más los lazos históricos y culturales con España.

Aunque la medida ha generado fricciones en el tablero político —con una oposición conservadora que la tacha de "ilegal" y advierte sobre posibles colapsos administrativos—, el apoyo social es sorprendentemente transversal. Desde la Conferencia Episcopal hasta sindicatos y asociaciones agrarias, el mensaje es similar: regularizar es una cuestión de humanidad y de pragmatismo económico.

En definitiva, España no está inventando la pólvora, sino siguiendo el rastro de procesos exitosos anteriores y de experiencias piloto recientes, como la regularización tras las inundaciones de Valencia. Este decreto es el reconocimiento de que el país necesita a sus migrantes tanto como ellos necesitan la seguridad de un papel que les permita, simplemente, vivir y trabajar en libertad.